El privilegio (no el derecho) de ser catalanes

Hace diez días el primer ministro británico anunció un cambio de rumbo en la política de inmigración de Reino Unido. Keir Starmer, un abogado de 62 años especializado en derechos humanos y miembro del partido laborista –es decir, de izquierdas–, ha presentado una serie de cambios normativos para recuperar el control de las fronteras, limitar la entrada de inmigrantes y poner condiciones para mejorar las condiciones sociales y laborales de propios y recién llegados. En definitiva, si bien reconoce que son una nación diversa, Starmer quiere evitar que el país se convierta, literalmente, en una "isla de extraños".

El anuncio de Starmer se ha interpretado, con demasiada precipitación y obsesionados por exorcizar cualquier síntoma de extrema derecha, como una maniobra oportunista para hacer frente a las expectativas electorales de Nigel Farage y su partido Reform UK. No lo veo así. Lo que propone Starmer es garantizar las condiciones de bienestar tanto a los inmigrantes como al resto de la población. Y sabe que no puede conseguirse con una política indiscriminada de puertas abiertas. El gobierno laborista quiere remediar la falta de vivienda o la degradación de los servicios sociales. Y entiende que el conocimiento de la lengua del país es fundamental no sólo para incorporarse al país sino también para reducir los riesgos de explotación y abuso.

Sin embargo, en la lectura catalana de las medidas de Starmer me ha parecido ver un sesgo malintencionado, perceptible en la traducción de una frase central del discurso en contra de la fragmentación social. Starmer ha dicho: "We are a diverse nation, not an island of strangers". Y hay quien ha traducido la palabra strangers por extranjeros y no, como debería, por extraños. Starmer, partiendo de un buen análisis de uno de los principales problemas que tiene su país –y el nuestro–, se propone encarar el desafío de la creación del vínculo social, y no hace falta ver ninguna tentación xenófoba.

Pero ponemos datos a la preocupación de Starmer y comparémoslos con Catalunya. En Reino Unido en el 2023 entraron 906.000 inmigrantes, con una población 68,5 millones de habitantes. Una proporción similar a la de quienes llegaron a Catalunya. Eso sí, con diferencias más que notables. Desde el año 2000, la población de Reino Unido ha crecido aproximadamente un 16%. En Cataluña, más de un 26%. En 2023, los británicos tenían un 14% de población extranjera. Aquí, los nacidos fuera de Cataluña eran el 37%. Además, no es despreciable el hecho de que en Reino Unido la mayor parte de la inmigración es europea –Polonia, Rumanía– o proviene de antiguas colonias con conocimiento del inglés, como India o Pakistán. Y, por encima de todo, Reino Unido es un estado con toda la capacidad de decisión y control, mientras que la política de inmigración en Catalunya –a menudo en contra– nos la hace España.

Es decir: el riesgo de convertirse en la "isla de extraños" que señala Keir Starmer para Reino Unido –recordémoslo: socialista y experto en derechos humanos–, en Catalunya hay que multiplicarlo como mínimo por tres o cuatro. Con enormes desafíos añadidos como el de la sustitución lingüística causada por una inmigración que habla la lengua de la metrópoli y está convencida de que no necesita saber la propia del país; con un estrés habitacional causado en gran parte por una economía basada en la masificación turística con sueldos de miseria; con un expolio fiscal sostenido en el tiempo y sin parangón con ningún otro estado compuesto y, entre más, sin competencias en políticas de inmigración y fronteras.

Y, por si fuera poco, todo ello agravado en Catalunya por una hegemonía retórica hecha de discursos buenistas llenos de malentendidos, como el del presidente Aragonés, que este pasado domingo, en las antípodas de Starmer, todavía declaraba al ARA que "un proyecto de nación excluyente es el camino más rápido para dejar de ser nación". Pero, ¿qué significa para Aragonés ser "una nación inclusiva"? ¿Qué entiende por "nación"? ¿Quiere decir abrir las puertas al crecimiento demográfico de forma indiscriminada y sin condiciones, como se ha hecho hasta ahora? Me parece obvio que no se puede ser una nación inclusiva si no se puede ofrecer a todos sus ciudadanos un mínimo de bienestar y unas condiciones de trabajo decentes, a la vez que poder exigirlos –insisto, a todos los ciudadanos–, en contrapartida, un firme compromiso con el modelo de sociedad que se les ofrece.

Keir Starmer parte de una idea fundamental. Ha dicho, en relación con la nueva política: "Esta es una ruptura clara con el pasado y garantizará que establecerse en este país sea un privilegio que debe ganarse, no un derecho". ¿Que no deberíamos poder decir, también, que vivir en Cataluña –se haya nacido o no– debería ser un privilegio a merecer, y no un derecho?