Manuel Marchena no está tan lejos de Pedro Sánchez

MadridManuel Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 1959) tomó una decisión que le acompañará durante toda su trayectoria profesional. Es la renuncia en 2018 a presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo cuando se publicó que el exportavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó se alababa en un mensaje que su partido controlaría la sala segunda del alto tribunal español "por la puerta trasera". Por eso, cuando Pedro Sánchez le ha citado con posterioridad a la Moncloa para volver a plantearle presidir el órgano de gobierno de los jueces, siempre lo ha rechazado. Marchena, fiscal de carrera y ahora uno de los magistrados más prestigiosos del Estado, se afana por deshacerse de una mancha que cuestiona la independencia que reivindicó en su carta de renuncia.

Este contexto ayuda a explicar que Marchena haya publicado un libro –La justicia AMENAZADA (Espada)– en el que calcula muy bien la crítica, evita explicitar causas judiciales concretas, nombres y apellidos de políticos y no muestra adhesiones categóricas ni hacia el PP ni hacia el PSOE. Ahora bien, quien lo desee, puede entender entre líneas. Uno de los capítulos más extensos es donde aborda la figura del fiscal general del Estado, titulado "De quién depende el fiscal... pues ya está", que remite a esa frase de Pedro Sánchez en campaña electoral en el 2019. Ahora bien, Marchena cree que la visión que desprende la declaración la han compartido "varios dirigentes políticos, si no todos", pero que no la han exteriorizado. Sostiene que esta figura no sería conveniente que fuera "independiente" porque podría constituirse en una especie de "cuarto poder", por lo que opta por el concepto de "autonomía funcional". Precisamente, el mismo que utilizó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, cuando presentó la última reforma para despolitizar el ministerio público.

Una de las reformas que también prepara el gobierno español –y que comparte Marchena– es que los fiscales asuman las instrucciones judiciales, y no los jueces. Esto plantea un problema con que el fiscal general lo elija el ejecutivo, porque tendría la clave para abrir o clausurar una investigación penal, un "arma con el que sueña el poder político". Así, no debería ser candidato alguien que de entrada tiene sospechas de parcialidad. ¿Tiene Álvaro García Ortiz? Marchena no lo dice, claro, pero sí reflexiona sobre el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial le declarara no idóneo para el cargo en un informe no vinculante, así como el hecho de que una parte importante de la Junta de Fiscales de Sala pidiera su dimisión a raíz de su imputación. "Cuando los controles jurisdiccional e intraorgánico den repetidas muestras de distanciamiento [...], tendrá que entender el mensaje de que no todo vale para imponer su agradecido criterio en defensa de los intereses gubernamentales", apunta. Más allá de cambios legales, Marchena cree que la autonomía de un fiscal general depende de su "honestidad".

La acción popular

Marchena lleva tiempo defendiendo que la acusación popular no deberían ejercerla partidos ni sindicatos, que utilizan esta herramienta con fines propagandísticos. El gobierno español ha presentado una iniciativa para limitarlo, que también incluye, eso sí, unos efectos retroactivos que implicarían su salida de causas como la que afecta a Begoña Gómez. Aquí el autor ve una "flagrante inconstitucionalidad". "Una iniciativa legislativa encaminada a restringir el acceso del ciudadano al proceso penal nunca debería plantearse como la búsqueda de una solución para evitar que determinados responsables políticos o personas vinculadas a ellos puedan responder de los hechos imputados", avisa.

Volviendo al CGPJ, Marchena no se moja en relación a la elección de los vocales que plantean PP y PSOE, y sí apunta que no hay modelos en Europa que sean "satisfactorios" para evitar la injerencia política. "Esta perniciosa práctica encuentra el mejor ejemplo en un mensaje de WhatsApp en el que un portavoz parlamentario sacaba pecho del control político que le permitiría la designación de quien en esas fechas aparecía como el candidato con más probabilidades de asumir la presidencia del CGPJ", escribe cuando evoca su amarga experiencia. Ni menciona su nombre, ni el del dirigente político, ni tampoco la formación política. Expresamente, también elude que llegó a la presidencia de la sala segunda del Supremo en 2012 con el voto de 12 vocales conservadores. Marchena, por tanto, evita evidenciar la alineación con la derecha y, en algunos planteamientos, no está tan lejos de Sánchez.