El Gobierno deshace la DGAIA: no tendrá capacidad para contratar ni para dar ayudas

BarcelonaEn medio de una crisis reputacional, el Gobierno reformula la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) y crea un nuevo organismo, centrado más en la prevención para evitar al máximo las retiradas de tutelas de los menores. La nueva dirección general de Prevención y Protección de la Infancia y Adolescencia (DGPPIA) resultante introduce herramientas de mayor control en la gestión, pero perderá también poderes, ya que no contará con las competencias económicas que tenía hasta ahora: la de contratar las plazas de acogida en los centros residenciales donde se aloja a los menores separados de sus familias ni tampoco se encargará de tramitar. Las ayudas económicas, que hasta ahora gestionaban a través de un contrato a entidades del tercer sector, pasarán a manos de la administración.

Dos semanas después de que estallara el escándalo por la explotación sexual durante meses de una menor bajo protección administrativa, y todavía en plena investigación de presuntas irregularidades financieras, la titular de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha presentado este lunes el nuevo organigrama y atribuciones del nuevo ente. Aunque no ha indicado con qué presupuesto se hará, ha bajado al por menor, por ejemplo, las contrataciones que se realizarán para reforzar equipos tanto en los servicios centrales como en los de territorio.

Los cambios anunciados van en la línea de las cuestiones que investiga actualmente la Oficina Antifraude y la Sindicatura de Cuentas sobre presuntas irregularidades financieras de la DGAIA, así como en las recomendaciones del Síndic de Greuges, que lleva tiempo reclamando un nuevo modelo de atención que se centre en el trabajo con las familias. Pese a referirse a la "refundación" del sistema, Martínez Bravo insistió, sin embargo, en que su propuesta no es una "impugnación en el trabajo realizado" por anteriores equipos ni tampoco por la de las entidades del tercer sector contratadas por la DGAIA, pero justificó la voluntad de "ordenar" en qué ámbitos estas entidades y fundaciones privadas podrán desempeñar.

En este sentido, la gestión de las prestaciones que, por ley, tienen derecho los menores que han estado bajo la tutela de la Generalitat (independientemente de su origen y nacionalidad) dejará de estar delegada en el tercer sector y será una nueva dirección general que dependerá de la DGPPIA la que tramitará en una ventanilla única todas las ayudas económicas para.

Hasta el 31 de diciembre, la UTE formada por Resilis y la Fundación Mercedes Fontanilles se encargan de realizar el servicio, que está bajo investigación, y será a partir de 2026 cuando lo asumirá la administración a través de un sistema automatizado que requerirá menos personal y será capaz de agilizar los pagos en 48. Según Martínez Bravo, hasta ahora ha habido "un exceso de externalizaciones" en algunos ámbitos y ha llegado la hora de que en cuestiones financieras "la administración recupere las competencias".

A la espera de las cuentas

En este punto, la consellera ha rechazado que tenga "sospechas" de mala praxis de ninguna entidad, pero sí se ha "recordado" en el sector vinculado con la DGAIA que deben entregar las cuentas del año 2024. Martínez Bravo ha anunciado que el departamento está realizando una auditoría interna.

La consellera ha asegurado que las reformas son fruto de "una reflexión" para intentar solucionar carencias y errores del sistema que ha estado "excesivamente" centrado en la protección de la infancia en riesgo, más que en la prevención. En otras palabras, los esfuerzos se pusieron en los centros, con la "percepción de que allí los menores estaban en óptimas condiciones", indicó. Ahora la voluntad es trabajar en cómo evitar que las criaturas acaben separadas de las familias y que, en caso de que no puedan, acortar los tiempos de estancia en los centros.

En la última década, el sistema ha tenido que hacer frente a un aumento de la demanda: los expedientes han crecido en un 60% y un 70%, hay más menores en acogida en centros y los casos son más complejos. Además, ante los riesgos de las redes sociales, la conselleria se plantea utilizar herramientas de inteligencia artificial (IA) para buscar perfiles de depredadores sexuales junto con los Mossos d'Esquadra.

Dos nuevas direcciones generales

Sin partida presupuestaria alguna sobre la mesa, la consellera ha anunciado la contratación de 300 nuevos profesionales. El mayor grueso será para reforzar las EAIA, los equipos que en el ámbito municipal y comarcal que trabajan con las familias cuando se detecta un riesgo para el buen desarrollo de los menores. Entre 2026 y 2027 se incorporarán 243 profesionales, que permitirán aumentar en un 60% las plantillas.

El resto de nuevas contrataciones se integrarán en las dos nuevas subdirecciones que quedan bajo la DGPPIA: una centrada en la prevención, con el tratamiento de los menores de 14 años que han cometido algún delito pero que son inimputables y servicio Barnahus de atención integral a las violencias sexuales, y la otra dedicada a atender las urgencias por malos tratos, los menores extranjeros solos y los jóvenes extutelados que tienen derecho a protección hasta los 23 años.

Otra de las novedades de la nueva arquitectura del sistema es que el Instituto Catalán para el Acogimiento y la Adopción (ICAA) pasa a depender de la nueva DGPPIA con el objetivo de aumentar las familias acogedoras de criaturas separadas de sus familias temporalmente y no en centros.