Los abogados reclaman que los expedientes de riesgo de menores no se alarguen

BarcelonaJusticia gratuita desde que se inicia un proceso de desamparo y limitar el tiempo que las familias tienen abierto un expediente de riesgo y se les hace un seguimiento por parte de los servicios sociales. Son dos de las propuestas que hace el Consejo de la Abogacía Catalana para mejorar y modernizar el sistema de protección de los menores, que considera que ha quedado obsoleto y no se adapta a las necesidades sociales actuales.

En una jornada sobre la problemática de la DGAIA organizada por el Colegio de la Abogacía de Barcelona, ​​la decana emérita y coautora del informe, Silvia Giménez-Salinas, ha reclamado más garantías para las familias a las que se les retira la tutela de los hijos, sobre todo para preservar el interés. Una de las propuestas es que cuando la administración abra un expediente de desamparo se designe a un abogado de oficio al niño para que lo represente en todo el proceso. Además, Giménez-Salinas también reprochó que en demasiadas ocasiones los seguimientos que se hacen a las familias cuando se aprecia alguna disfunción se alargan demasiado y eso provoca desconfianza y miedo hacia el sistema. "No puede ser que el expediente esté abierto 10 años, porque las familias se cansan", indicó.

En un momento en que el sistema de protección de los menores está cuestionado y el departamento de Derechos Sociales ha presentado una reforma de la DGAIA –que pasará a llamarse DGPPIA, al añadir "prevención a la protección"–, los abogados catalanes consideran que se debe aprovechar para realizar cambios legislativos para aumentar las garantías en todo el proceso.

Entre estos cambios apuestan por la intervención de un juez en todos los trámites y que, como ocurre en la vía penal, haya un juicio en el que "la opinión de los técnicos la puedan contradecir otros técnicos" antes de dictar una sentencia de desamparo del menor que suponga una separación de su familia biológica, como ha señalado la de el informe del Consejo, Marta Martínez Gellida.

Actualmente la retirada de la tutela es un acto plenamente administrativo y sólo se pasa a la vía judicial en caso de que los progenitores se opongan. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en España sólo un 20% de las retiradas llegan a los tribunales, y de éstas, alrededor del 2% acaban por revocarse. Para Giménez-Salinas los datos no son representativos, porque el propio sistema no lo facilita y las familias en aquellos momentos se sienten vulnerables y desprotegidas.

Magistrados "especialistas"

Jueces en las retiradas de tutela sí, pero no a cualquier precio, matizó la síndica de agravios, Esther Giménez-Salinas, que fue invitada al acto. A su juicio es necesario que los magistrados que se encarguen de estos asuntos sean "especialistas en infancia" y sean capaces de hablar con los educadores y otros profesionales que atienden a los menores, y de tener la voluntad de escuchar qué sienten los niños.

Otra de las propuestas para mejorar el sistema es que se registren las sesiones en las que las familias se encuentran con los técnicos que deciden las tutelas, porque hay padres que se quejan del trato que reciben. En este sentido, Martínez ha explicado el caso de unos progenitores que no encontraron a los hijos de 2 y 5 años con espectro autista cuando fueron a buscarlos a la escuela.

Además, los abogados también proponen que haya un "reglamento unitario" para el funcionamiento de los centros de acogida de los menores, al igual que los presos tienen un único reglamento en función de la clasificación de riesgo que se les da cuando ingresan en prisión para que no sea cada centro quien aplique sus propias normas.

En la jornada, la secretaria general de Infancia del departamento de Derechos Sociales e Inclusión, Teresa Llorens, ha defendido el "cambio de paradigma de la DGAIA", y ha asegurado que entre los objetivos estratégicos hay redefinir los EAIA (equipos de infancia de servicios sociales) y ser capaces de deba retirarse la tutela de los menores.