Los altos cargos de Esquerra defienden la gestión en la DGAIA: "Hubo incidencias pero nadie se embolsó dinero"

BarcelonaLa emergencia humanitaria ante una gran llegada de menores no acompañados (a un ritmo de un centenar de jóvenes cada día) y los años de prórroga presupuestaria en la Generalitat limitaban la capacidad para realizar nuevas adjudicaciones de servicios. Ante este escenario, la antigua cúpula del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ha defendido este miércoles en el Parlament que tuvo que optar por realizar contratos de emergencia a entidades entre los años 2016 y 2020, una fórmula reservada sólo para situaciones muy excepcionales. Sin embargo, la Sindicatura de Cuentas considera que estos contratos se realizaron sin que quedara suficientemente justificado un contexto de emergencia nacional, catástrofe o necesidad inmediata de atención a personas en peligro.

Cinco ex altos cargos de la conselleria y de la DGAIA, todos nombrados por Esquerra en gobiernos de los presidentes Puigdemont y Torra (Junts X Catalunya), han defendido en su comparecencia cómo se actuó para contratar las plazas de centros de menores que hacían falta aquellos años y cómo se hizo la tramitación de prestaciones económicas a las personas extuteladas durante el período en que se multiplicó la atención en menores, siguió en 155 y una pandemia. Ambas cuestiones son investigadas por la Sindicatura y la Oficina Antifraude, pero los comparecientes se mostraron "orgullosos" de cómo actuaron, sin presupuestos, sin poder planificar las llegadas y sin dejar ninguna criatura desatendida, dijeron.

Todos han justificado la contratación de emergencia y no la ordinaria como única solución para no dejar desatendidas a estas criaturas. La opción de los concursos ordinarios habría eternizado los plazos y los servicios habrían quedado interrumpidos, explicó hoy quien fue número dos del departamento, Oriol Amorós, el encargado de presentar las alegaciones en el informe acusatorio de la Sindicatura, al que reprochó que ignorara las correcciones y apreciaciones realizadas.

En su turno, Josep Ginesta, que precedió a Amorós al cargo, admitió que en aquellos años en los que el sistema de acogida y protección se tensionó al máximo, se produjeron "incidencias administrativas, pero ninguna irregularidad". Y ha subrayado que todos los procedimientos que se realizaron por la vía de la emergencia cumplieron todos los avales requeridos por la ley, entre ellos la aprobación colegiada de los gobiernos presididos por Carles Puigdemont y Quim Torra.

Controles también en la vía de emergencia

Ginesta, ahora secretario general de la patronal Pimec, ha subrayado que pese a la rapidez en el trámite (dos meses en lugar de los nueve u once que lleva la vía ordinaria), los contratos siguieron y se sometieron a los "21 pasos" de control antes del pago de facturas. Unos pasos que van desde la petición de la subdirección, la asesoría jurídica, la intervención general, la reserva de créditos hasta los avales técnicos, para acabar con la aprobación del consejo de gobierno.

También ha comparecido el exconseller del ramo Chakir el Homrani, que ha ilustrado hasta qué punto la llegada de menores sin planificación y con un servicio de acogida ya saturado debido a los fuertes recortes de los años 2011 y 2012 del gobierno de Artur Mas, dejaron. "Cada noche me iba a dormir con un whatsapp de cuántos niños había en las comisarías durmiendo; dos aquí, cuatro allá", lamentó.

Las imágenes de los menores, llegados desde el sur de la Península en autocares pagados por las entidades, durmiendo en comisarías, hicieron que la administración pública reaccionara para conseguir encontrar lugares dignos para estas criaturas. Amorós ha recordado las dificultades para conseguir abrir nuevos centros por la oposición vecinal, para ampliar plazas en una red saturada e incluso encontrar a profesionales, así que se decidió doblar plazas en los servicios donde había espacio y prorrogar directamente los contratos para no dejar sin servicio de cocina o limpieza los centros de acogida. "Se siguió con la misma empresa, la que había ganado un concurso público y por el mismo precio", indicó. Posteriormente, cuando la situación financiera de la Generalitat lo permitió se pagaron las deudas con las empresas actualizando las tarifas para atender al incremento del gasto y evitar "el enriquecimiento injusto" de la administración.

El efecto del 155

"Nos costó, pero acabó aseando. No hubo mal uso de los recursos públicos a menos que se considere mal uso, la atención a los menores solos o vulnerables", ha insistido Ginesta para explicar que después de 2018 se pudieron pagar las deudas arrastradas. Finalmente y en un "tiempo récord" siguiendo una directiva europea, en 2020 se cambió el modelo de contratación y la DGAIA pasó de contratar todas las plazas en concurso público a conciertos sociales, lo que aporta mayor transparencia y claridad porque todas las empresas compiten por un precio cerrado acorde con la cartera de servicios.

Para colmo, recordó que los nueve meses en los que el Estado tomó la autonomía del Gobierno por la aplicación del 155 comportaron un "tapón y despropósitos de gestión" que dejó facturas sin pagar y contratos sin renovar. "El 155 vino sin ningún manual de instrucción y los departamentos tuvieron que tramitar como podían", ha relatado, para posteriormente reprochar a Junts que no sea "solidario" y olvide que también formaba parte de esos gobiernos. En todo caso, insistió en que "se gestionaron con miserias".

La justificación de Calvo

A su vez, Ricard Calvo, quien fue director general de la DGAIA entre 2016 y 2017 ha seguido el mismo hilo que sus compañeros y ha justificado todas y cada una de sus decisiones asegurando que se encontró un sistema totalmente tensionado debido a los recortes de Convergència i Unió, que eliminaron plazas residenciales.

Calvo fue destituido por supuestas irregularidades a la hora de conceder contratos a una empresa en la que estaba de excedencia y donde devolvió tres meses después de su cese, pero negó que hubiera ningún conflicto de interés, como lo demuestra el hecho de que la Fiscalía archivara el caso. En este sentido, afirmó que desde su cargo no podía influir en las contrataciones y denunció la persecución mediática a la que fue sometido.

La DGAIA saca pecho

Por otro lado, Ester Cabanes, que dirigió la DGAIA hasta septiembre del año pasado, ha hablado por primera vez del caso de la menor protegida que fue violada durante meses para reivindicar que fueron los profesionales del organismo quienes "detectaron" la explotación de la chica a raíz de una fuga del centro. "Si la DGAIA no hubiera hecho lo que hizo, nunca habría existido la operación Damocles", ha dicho Cabanes en la misma comparecencia en relación al nombre con el que los Mossos bautizaron la investigación en la banda, desarticulada en agosto del año pasado. Cabanes ha sacado pecho en las intervenciones que hacen los profesionales y funcionarios que trabajan en entidades colaboradoras y en la propia DGAIA y ha asegurado que en los cinco años en que estuvo al cargo a la Fiscalía en el tratamiento de los menores agredidos sexualmente.

Según explicó Cabanes, sin querer entrar en detalles del expediente para proteger la identidad de la menor, la niña estuvo entre mayo y octubre del 2021 en guarda de la DGAIA, aunque los padres mantenían la custodia y las decisiones. educadores notaron un comportamiento extraño y alertaron de que tenía una "relación con una persona poco adecuada". estaban bajo la DGAIA, no están identificadas y muchos padres aún no conocen que sus hijos han sufrido abusos sexuales.