"La DGAIA me hace sentir a la mala madre que sé que no soy"

BarcelonaEl día en que, finalmente, Antonia –nombre ficticio como los de los demás testigos– firmó la guarda protectora temporal de su hijo adolescente acabó en una ambulancia y atendida en un hospital a raíz de un ataque de angustia brutal. Tras meses de debate interno, de luchar contra un sentimiento de culpa, aceptó desamparar al chico para que fuera el sistema de protección de la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) quien le facilitara por el circuito rápido una plaza de residencia, consciente de que los problemas de conducta y el autismo del menor harían difícil la convivencia.

El expediente debió quedarse guardado en un cajón porque no recibió ninguna respuesta del organismo. "Seguramente determinaron que no había ningún riesgo, porque lo cuido y se centraron en la atención de casos más urgentes", explica e insiste en que ha llegado a culparse de "abandonar" al hijo, un sentimiento tan cruel que seguramente cuesta entender si no se ha pasado por ese trance. Esta primavera, el chico ingresó en un hospital psiquiátrico infantil y, ante la gravedad, cuando se recuperó le trasladaron a la residencia donde vive ahora. "El niño está muy estabilizado, cuesta decirlo, pero nos ha ido bien a ambos porque yo también he recuperado mi vida", afirma.

Sin embargo, a Antonia le queda el regusto amargo por ella y por tantas compañeras con hijos con discapacidad intelectual o con problemas de salud mental a los que la DGAIA sugiere la retirada de la tutela de los hijos para costear las carísimas y escasas plazas de residencia o de atención especializada. "Te sientes muy sola, porque te da miedo que te tomen el hijo, aunque te preocupas y cuidas", denuncia, y se pregunta por qué no se destina parte del presupuesto de la DGAIA a abrir plazas para las criaturas con graves discapacidades oa apoyar a sus familias.

Desde hace años, numerosas familias han denunciado las retiradas injustificadas de custodia de la DGAIA a muchas familias monoparentales, con hijos con discapacidades o madres con discapacidad, de origen extranjero o empobrecidas. Por eso reprochan al sesgo machista, capacitista, racista y clasista del organismo. Según los datos de la Síndica de Greuges, a las criaturas extranjeras (sin contar a los menores solos) y con discapacidad se les ingresa más en centros que a los de nacionalidad española y los que no tienen discapacidad.

Es lo que intentan denunciar a Familias Rotas por la DGAIA, una entidad que nace con la voluntad de reunir fuerzas. Así, este sábado, un grupo de familias se ha reunido en el centro de cultura de mujeres Francesca Bonnemaison de Barcelona para decidir los pasos a seguir. Norma Falconi, una de las portavoces del grupo, ha asegurado que llevan años batallando sin éxito para que los pequeños vuelvan a casa: "Queremos elaborar una estrategia para hacer oír nuestra voz y que se nos escuche". Una de las asistentes a la asamblea era Ruslanda, una madre que lleva casi siete años sin su hijo en casa, y que lamenta que le han tildado de "maltratadora" tras una denuncia de la familia paterna de su hijo. "Los niños no entienden por qué están en un centro", denuncia esta bielorrusa que lleva más de 25 años viviendo en Catalunya.

Situaciones que se eternizan

En casa de Rita pasan meses de angustia por miedo a que la menor que acogen como familia extensa tuviera que ir con otra parte de la familia a la otra punta de la Península, a pesar de que la niña no tenía ningún contacto con ella. Afirma que la situación les hace sentir "indefensos" y, sobre todo, provoca con la pequeña un estrés innecesario al ser consciente de que puede dejar de ver a su madre. La pequeña está bajo la tutela de la DGAIA, con una situación familiar complicada, pero los familiares se quejan de que se ignora la positiva evolución de la madre, a pesar de los avales de profesionales externos. "La situación se eterniza y la niña va creciendo con visitas vigiladas y contadas con su madre", apunta Rita. En su informe sobre el sistema de protección infantil de 2022, la Síndica de Greuges también subraya la descompensación de la inversión que reciben los centros para atender a los menores, con una media de entre 66.000 y 33.000 euros por niño y año, y las ayudas que reciben la familia extensa y la ajena6.

Hace casi cuatro años que Lola está en el radar de los servicios de la DGAIA, justo después de separarse de un marido maltratador que no le pasa ninguna pensión para el hijo que ahora tiene nueve años. Desde entonces, se queja de que las trabajadoras más que un seguimiento le hacen "una persecución", citándola a reuniones en las que le hablan sobre "el pasado", el embarazo o los primeros años de matrimonio. "A mí la DGAIA me hace sentir a la mala madre que sé que no soy", se lamenta. Esta mujer subraya que sólo necesita ayuda económica para sacar adelante a la familia, y no la fiscalización sobre su dedicación y capacidad para ser madre.