¿Cómo pueden cambiar las oposiciones por ser funcionario? Las medidas para reformar la administración

BarcelonaAl inicio del mandato, el gobierno de Salvador Illa se fijó como objetivo de legislatura reformar la administración pública. Para ello cuenta con un grupo de expertos (CETRA) capitaneado por el catedrático de ciencia política y administración pública Carles Ramió, que ha propuesto hasta diez medidas para implementar. Las más destacadas son: una reforma para profesionalizar a la dirección pública; introducir la inteligencia artificial en el funcionamiento de la Generalidad; cambiar la selección del funcionariado y que la administración sea proactiva en las ayudas. "Somos conscientes de que debemos luchar contra el escepticismo de la sociedad, los medios de comunicación y los propios servidores públicos", admitió Ramió en declaraciones a la prensa, ya que la reforma de la administración es un tema que siempre tienen los gobiernos en la agenda y nunca se acaba llevando a la práctica. A continuación se detallan las diez primeras medidas con las que trabajará el ejecutivo, a pesar de que algunos no se concretan los plazos, como la despolitización de la dirección pública, que queda en manos del calendario del Gobierno y del apoyo del resto de los partidos políticos.

Procesos de selección de funcionarios

Los expertos han realizado una propuesta para cambiar el método de elección de los funcionarios. Quieren modificar el método memorístico de conocimiento de las oposiciones para realizar un proceso de selección basado en competencias. Esto, creen, permitiría atraer a gente joven a la administración y otros tipos de talentos. Esta reforma también requeriría un cambio legislativo que debe elaborar el Govern, aunque desde el ejecutivo aseguran que están realizando pruebas piloto por proyectos.

Creación del directivo público

Una de las propuestas que hace tiempo que se pone sobre la mesa en Cataluña es la profesionalización del directivo público. El grupo de expertos de Ramió aboga por que se cambie el acceso a las direcciones generales de la Generalitat, que ahora los partidos eligen por libre designación y que suelen cambiar de forma mayoritaria cuando cambia de color político el ejecutivo. La reforma pretende que estos lugares se elijan de forma meritocrática: habría una primera fase en la que la mitad se elegirían por ternas (tres candidatos) filtrados por cazadores de talentos en el marco de la Escuela de Administración Pública; y, en una segunda fase, se elegirían por un sistema meritocrático todas las direcciones generales. También proponen que el acceso a las subdirecciones generales, que ahora requiere ser funcionario pero que acaba decidiendo por libre designación, se haga a través de pruebas de méritos y capacidades. El cese seguiría estando en manos del consejero de turno (por tanto, igualmente podría cambiar cada legislatura), pero el nuevo nombramiento, explican desde el grupo de expertos, debería pasar un proceso de selección.

La idea es que esto se habilite a través de una ley que afecte a la Generalitat en un primer momento y, posteriormente, también a la administración local y las universidades. El Gobierno se muestra comprometido con sacar adelante esta legislación, pero no concreta cuándo tiene previsto aprobar el anteproyecto de ley en el consejo ejecutivo. Tampoco si el PSC y sus socios, Esquerra y los comunes, asumen de forma íntegra la propuesta de los expertos.

Esta es una cuestión delicada para los partidos políticos, teniendo en cuenta que, para salir adelante, debería reunir a una mayoría en el Parlament. Un cambio de estas características afectaría a la financiación de las formaciones, ya que estos cargos políticos de la Generalitat ahora contribuyen a la tesorería del partido a través de una parte de su sueldo (la llamada carta financiera o impuesto revolucionario). Si estas personas –estamos hablando de unos quinientos cargos– pasan a ser directivos públicos profesionales, los partidos perderían esa senda de ingresos.

Inteligencia artificial

Los expertos también piden incorporar la inteligencia artificial (IA) a los procesos internos de la administración, por lo que crearán una dirección general de este ámbito. La idea es que participe en procesos de decisión como el otorgamiento de licencias urbanísticas. en todo caso de una persona.

La propuesta de los especialistas ocurre para que la administración, en lugar de ser pasiva, pueda ser proactiva a la hora de ofrecer servicios a la ciudadanía. para familia numerosa disponible o para el material escolar, o que debe hacer la preinscripción escolar. Para hacerlo, el gobierno está trabajando para crear una gran base de datos existentes.

El Govern calcula que ahora tarda unos siete meses y medio en dar una subvención. El grupo de expertos propone una nueva plataforma tecnológica, llamada TSCat, para gestionar un total de 1.473 convocatorias, por un valor de 3.720 millones de euros, con 237.492 beneficiarios. Esto no afectaría al departamento de Derechos Sociales, que mantendría su propia herramienta. Se prevé que entre en vigor el último trimestre de 2025.

Colaboración público-privada

Los expertos proponen una estrategia de planificación para los servicios de la Generalidad y también de evaluación de la concesión de estos servicios. Ahora bien, el Govern todavía está trabajando en cómo se concretaría en el marco del departamento de Economía.