Alud de demandas de los 'riders' por el nuevo modelo 100% laboral de Glovo

BarcelonaEn algunos de los vídeos de su perfil de Instagram aparece ante un fondo falso de campos verdes con un caminito que sube por una colina. En otros, se le ve directamente sentado en su despacho con diplomas colgados en las paredes mientras responde dudas en directo. Se llama Francisco Valverde García y es un abogado de Barcelona que desde hace meses se ha acercado a la comunidad de riders para ofrecerles sus servicios en medio del giro de Glovo hacia el modelo laboral. A principios de diciembre del pasado año –un día antes de que su consejero delegado, Oscar Pierre, declarara en los juzgados en el proceso penal que le investiga– la compañía anunció por sorpresa que el 100% de sus repartidores pasarían a ser asalariados.

Medio año más tarde, este cambio todavía está en marcha y ha generado tensiones entre los mensajeros que ya han llegado a los juzgados. El ARA ha contactado varias veces sin éxito con Valverde García esta última semana para contrastar su versión, pero el letrado explica claramente en su web cómo ha puesto en marcha una demanda colectiva contra Glovo a la que ya se habrían sumado más de un millar de riders de todo el Estado. El objetivo de estas denuncias es reclamar indemnizaciones a la compañía por los incumplimientos laborales de los últimos años, después de que muchos repartidores hayan empezado a recibir en las últimas semanas un mensaje de Glovo en el que la plataforma les ofrece un nuevo contrato como asalariados.

Valverde García se ampara en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, que establece las causas justas para que el trabajador pueda pedir la extinción de su contrato. Así, pide para los repartidores una indemnización por despido improcedente, así como el reconocimiento de la vulneración de sus derechos fundamentales por parte de la empresa. Por ello, reclama una compensación por los "daños y perjuicios personales y morales" que estima "prudencialmente" en 120.000 euros para cada mensajero. "Es un proceso en el que sólo puede salir ganando, ya que no hay costes para los trabajadores en caso de desestimación", dice el abogado en su web. Por el momento ha pedido un pago de 10 euros mensuales a cada rider y asegura que los honorarios se cobrarán cuando reciban la indemnización.

El problema de los nuevos contratos, explican diversas fuentes jurídicas y sindicales, es que la compañía les da tres opciones para seguir trabajando para su aplicación. La primera es un contrato con una jornada de trabajo calculada, según Glovo, con las horas fijadas por la Tesorería General de la Seguridad Social después de las distintas investigaciones de la Inspección de Trabajo. A algunos riders se les ofrece trabajar tan sólo dos horas a la semana con esta opción. La segunda es la media "de horas de actividad efectiva" que la plataforma ha constatado en los últimos seis meses para cada repartidor. Aún así, los mensajeros consideran que siguen siendo de muy pocas horas. En algunos casos, por ejemplo, de tan sólo 18 horas semanales cuando el rider tenía una dedicación de jornada completa.

La tercera opción es, directamente, pedir la baja voluntaria y renunciar al nuevo contrato. En este supuesto, la compañía asegura que les preparará la liquidación –deben decidir entre una de las tres opciones en un plazo de siete días naturales a través de un formulario–, pero nada dice sobre indemnizaciones por el tiempo trabajado acumulado. "Lo que se pide es el reconocimiento de la jornada completa. La empresa dijo que regularizaría a todos los trabajadores, pero no lo está haciendo", alerta la abogada Neus Vitó, que lleva algunos de estos casos. La letrada también participó la pasada semana en un nuevo macrojuicio en Barcelona contra Glovo, con más de 3.000 repartidores afectados, que ha quedado visto para sentencia.

El futuro de las flotas

Fuentes de los riders que por ahora siguen siendo autónomos avisan de que en los últimos meses han notado cómo les han bajado los pedidos, mientras que Glovo sigue utilizando flotas externas de repartidores en este momento de transición. "El algoritmo nos daba cada vez menos trabajo para dejarnos morir y que nos vayamos por nuestro propio pie", dice un repartidor. De todas formas, el responsable de plataformas digitales de UGT y delegado sindical en Glovo, Fernando García, pronostica que a la larga las flotas externas también desaparecerán. "Está habiendo bastante desorden. La empresa de repente tendrá una operativa gigantesca y deberá organizarse mejor", dice. Otro caballo de batalla será el convenio colectivo que la plataforma aplicará a los nuevos contratos: es la estatal de mensajería, caducado desde 2006 y con sueldos desfasados ​​respecto al salario mínimo interprofesional (SMI).

Según avanzó la Cadena SER Catalunya, desde que la compañía prometió dejar de utilizar autónomos hace seis meses, sólo 5.000 de sus 30.000 riders han pasado a ser asalariados. Un portavoz de Glovo confirma que todos los repartidores han recibido estos días la documentación para formalizar sus nuevos contratos y asegura que desde el anuncio del modelo laboral "se ha dejado de contratar a nuevos autónomos". "En distintas situaciones, para mantener la actividad, así como testear el modelo laboral y cambios operativos, se ha recurrido a terceras empresas. Se trata de algo habitual en el sector", remarcan desde la multinacional catalana. Ante el escaso éxito de los nuevos contratos, la plataforma estaría enviando correos con jornadas más extensas de hasta 30 horas semanales con siete horas complementarias.

Más allá del revuelo por los cambios en la contratación, Glovo aún tiene otros frentes abiertos en los tribunales. Fuentes jurídicas de CGT, que se ha personado en el proceso penal contra Pierre, avanzan que la fase de instrucción de este caso se ha prorrogado hasta finales de diciembre. Hasta entonces aún tendrán que declarar como testigos más directivos de la compañía, como la máxima responsable jurídica hasta principios de este año, Marita Rancé. "Las diligencias irán por largo", confirman las mismas voces. Glovo también irá a juicio el 17 de junio, después de que el juzgado mercantil número 2 de Barcelona haya sacado adelante la demanda interpuesta por la plataforma de comida a domicilio JustEat por competencia desleal, según avanzó SER Catalunya.