Más allá de Acciona: las demás constructoras del informe del caso Cerdán

MadridAcciona, la multinacional creada y controlada por la familia Entrecanales, ha estado en el punto de mira desde este miércoles por su aparición en el informe de la UCO sobre el caso Cerdán. En concreto, los focos se han puesto sobre el negocio de Acciona que se dedica a la construcción; presuntamente, la trama formada por Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán recibía comisiones ilegales a cambio de favorecer que la compañía ganara contratos de obra pública.

La empresa que pilota José Manuel Entrecanales emitía un comunicado este jueves en el que expresaba "desconocimiento, sorpresa y preocupación" por los hechos investigados por la Guardia Civil e indicaba la apertura de una investigación interna. medidas legales oportunas". Y lo cierto es que, pese a que la constructora ha protagonizado los titulares, no es la única que aparece en el informe. En las casi 500 hojas también aparecen dos de las firmas con más trayectoria en España en cuanto a la ejecución de infraestructuras públicas en el estado: Ferrovial y Sacyr.

Ferrovial y Sacyr

De entrada, la constructora Ferrovial, presidida por Rafael del Pino, y que en 2023 trasladó la sede social de Madrid a los Países Bajos, aparece en el informe por haber ganado, de la mano con Acciona, dos pujas de Adif que están bajo la lupa de la Guardia Civil por, presuntamente, haber generado un beneficio económico en la trama de hasta 550.000 euros a través de comisiones.

Una de ellas es la obra que afecta, según se desprende del informe de la UCO, el barrio de Santiago El Mayor, en Murcia, y que implica el soterramiento de unas vías ferroviarias. Esta obra fue licitada en agosto de 2018 y Ferrovial Agroman –a partir del año 2020 pasa a denominarse Ferrovial Construcción SA– se presenta con Acciona a través de una unión temporal de empresas (UTE). Tras presentar la segunda oferta más económica y sin caer en baja temeraria (cuando la oferta es tan baja que se pone en entredicho la capacidad de cumplir con el contrato), la UTE de Ferrovial y Acciona obtuvo una puntuación técnica de 36,17/40,00. La obra fue adjudicada en mayo de 2019 por importe de 158 millones de euros.

La Guardia Civil pone este caso en el punto de mira porque, en una conversación del 18 de noviembre del 2020 transcrita en el informe, Koldo García le comenta a José Luis Ábalos que se le deben pagos por las licitaciones de "Sant Feliu [la ramificación catalana del caso Cerdán] y El Mayor". "Sant Feliu y El Mayor son trescientos cincuenta", recoge el informe.

En el segundo contrato, también licitado en el 2018, ocurre algo similar. Ferrovial, junto a Acciona, vuelven a presentarse a través de una UTE a un concurso para construir una plataforma del Corredor Mediterráneo para la alta velocidad en su tramo entre Pulpí (Murcia) y Vera (Almería). Presentan la segunda oferta más cara de entre 14 empresas interesadas y se les adjudica la obra en enero de 2019 por importe de 121 millones de euros. La Guardia Civil vincula la adjudicación con una conversación –en el 2022, cuando José Luis Ábalos ya no estaba al frente del ministerio de Transportes– entre Koldo García y Santos Cerdán en el que el primero reconoce haber percibido ya 550.000 euros de dos obras de Murcia. Una es la de Santiago El Mayor, y la otra es la de esta plataforma, según la investigación de la UCO. A preguntas de este diario, Ferrovial ha declinado realizar ningún comentario.

Ferrovial, no obstante, no sólo aparece por estas dos UTEs con Acciona. También sale en una conversación en la que se cita explícitamente a Sacyr, otra de las principales compañías de la construcción en el estado, presidida por Manuel Manrique, y que también ha declinado hacer comentarios sobre el informe.

En este caso, en abril del 2019 Koldo García le comunica a José Luis Ábalos que Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, le había indicado que hacía falta que cinco obras importantes se adjudicaran a grandes constructoras "por su complejidad". Koldo García cita a Acciona, Ferrovial y Sacyr. "Me comenta Isabel [Pardo de Vera] que estas cinco [obras] deben darse o... Acciona, Sacyr, Ferrovial [...] Sacyr ya tengo una, una de 95 [millones]", le comenta el asesor a Ábalos. En el informe, la Guardia Civil no acaba atribuyendo ningún proyecto concreto a esta posible oferta, ni si se llevó a cabo ni si hubo alguna contraprestación económica asociada.

Siete constructoras más

Aparte de estos tres grandes nombres, también aparecen siete empresas más vinculadas al mundo de la construcción. El ARA se ha puesto en contacto con todas ellas para pedir una valoración sobre el contenido del informe, pero ninguna ha contestado a la petición. Obras SA, Ortiz Construcciones y Proyectos, Servinabar 2000 y Noran Coop. de las UTEs

La práctica de las UTE en España está reconocida legalmente, pero no por eso está exenta de polémica. Una UTE permite, básicamente, que diferentes empresas se unan temporalmente (el tiempo que dure la obra) ante un concurso público complejo para intentar sacar más puntuación y ganarlo.

En más de una ocasión, las autoridades de competencia, tanto en el Estado –la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)–, como a nivel internacional, han puesto en el punto de mira el concurrir a licitaciones públicas de infraestructuras a través de este mecanismo. Organismos como la CNMC han planteado en más de una ocasión que no siempre está justificada la necesidad de una UTE, por lo que su uso puede acabar siendo instrumental, es decir, un medio para asegurarse un contrato público, aunque no exista una necesidad económica, tecnológica o de capacidad real detrás. También apuntaron a su formación "premeditada", lo que afecta directamente a la competencia.