La reducción de la jornada, camino de convertirse en los deberes de verano del gobierno español

Madrid"Yo creo que vamos a septiembre". Esto es lo que piensa una voz del diálogo social sobre la tramitación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en el Congreso de los Diputados. La semana pasada, la mesa volvió a ampliar hasta este 11 de junio el período para presentar enmiendas a la totalidad al proyecto de ley. Ésta no es la primera vez que se amplía el plazo, por lo que este representante de los agentes sociales cree que —a este ritmo— no habrá tiempo para que el proyecto se vote en una sesión plenaria antes de las vacaciones de verano. Esto haría que saltara en septiembre: normalmente, el Congreso está habilitado en junio, pero no en julio ni en agosto, aunque siempre se pueden habilitar días a último momento para cerrar, precisamente, carpetas pendientes.

El peligro de que la tramitación se retrase es el gran obstáculo para que la reducción de la jornada se ponga en marcha este 2025. Tras esta ampliación del periodo de enmiendas está el tic-tac de la negociación entre los partidos políticos y el gobierno español, en particular el ministerio de Trabajo, el artífice de la medida bajo la artífice de la medida. La reducción de la jornada laboral ya dio el salto al Congreso sin tener los votos garantizados, un escenario que por ahora se mantiene.

De entrada, no ha ayudado el hecho de que la norma haya llegado tras un acuerdo entre Treball y los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, pero sin las organizaciones empresariales. De hecho, éstas siguen presionando para que descarrile. El presidente de la patronal española CEOE, Antonio Garamendi, advertía el pasado jueves de que era una medida "mala" para la economía, mientras que la flamante presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, aseguró que defenderán "con uñas y dientes" que no prospere. Tampoco la ven bien las patronales catalanas, Foment del Treball y Pimec, por el impacto "negativo" —dicen— en la pequeña empresa y, concretamente, en el comercio. Pimec acaba de celebrar una ronda de contactos con todos los partidos del Congreso para trasladar esos elementos que no les gustan.

Este no de los empresarios es, entre otras cosas, lo que ha hecho que formaciones como Junts, pero también el PP -Díaz ve margen para aprobar la reforma con ambos-, rechacen la reducción de la jornada. Los junteros incluso tienen registrada una enmienda a la totalidad para tumbar el texto actual. Ahora bien, existe una ventana abierta para que esta enmienda se pueda retirar, constatan diferentes fuentes consultadas por el ARA próximas al diálogo social. Las conversaciones entre los junteros y el ministerio están en marcha, aseguran desde el departamento de Díaz y confirman fuentes de Junts en el Congreso.

La ministra de Trabajo no ha dudado en hacer un guiño a estos socios poniendo sobre la mesa el "problema del absentismo", en palabras de la propia Díaz. al texto de la reducción de jornada para añadir "correcciones" orientadas a esta cuestión, una idea que en Junts no desagrada, dado que ha pedido en reiteradas ocasiones "actuar para reducir el absentismo"

Equilibrios con el resto de fuerzas

Pero el peligro de buscar el voto favorable de Junts, o incluso del PP, para aprobar la reducción de la jornada es alejar a los socios de izquierdas, empezando por Podemos. La formación lila siempre se mostró dispuesta a apoyar la medida, pero ya advirtió al gobierno español de que deje de "envolver la madeja". "Vemos con preocupación que se hable de absentismo laboral, porque supone comprar el marco de la derecha y los empresarios", afirmó la portavoz del partido en el Congreso, Ione Belarra, hace unos días. Sin embargo, fuentes de Podemos aseguran al ARA que con ellos "no se está negociando" el contenido de la reforma.

A todo ello se añaden "el resto de frentes" que tiene abierto el gobierno español, indica la misma fuente del diálogo social. En un momento en que el PSOE está en pleno cuerpo a cuerpo con el PP por la guerra sucia con la Guardia Civil, y formaciones como Junts están pendientes de lo que diga el Tribunal Constitucional sobre la amnistía, "no parece que nadie tenga demasiada prisa para echarse a la piscina", indica la misma voz. Otras dos fuentes consultadas dan por hecho que si Junts se mueve, será a cambio de algo más. "No sólo negociarán la reducción de la jornada", sostienen.

"Teóricamente, Junts se opone, pero veremos qué pasa", añade una voz del entorno de las patronales. Si finalmente no prospera ninguna enmienda a la totalidad y, por tanto, el Congreso permite la tramitación de la norma, los partidos pueden presentar enmiendas parciales, que serían negociadas previamente con el gobierno español, y que modificarían el texto actual. Éste es el único camino posible si el ejecutivo quiere sacar adelante una de las medidas estrella de la legislatura que, tal y como está redactada ahora, no gusta a la mayoría de la cámara baja.