La Audiencia Nacional estudiará el recurso contra la consulta pública de la opa en el Sabadell
El ministro de Economía defiende que la legislación española es "totalmente compatible" con la europea

MadridLa consulta pública del gobierno español sobre la opa del BBVA en el Banc Sabadell da un paso más a los tribunales. La Audiencia Nacional (AN) ha decidido admitir a trámite el recurso contencioso administrativo que presentó el abogado Ibor Fernandes, accionista del BBVA y socio del bufete Statera Legal, contra la consulta, según confirman fuentes jurídicas al ARA. Sin embargo, las mismas fuentes explican que en un trámite contencioso administrativo como éste siempre se admiten los recursos excepto cuando hay defectos formales. Fernandes pedía la suspensión del uso de los resultados de la consulta pública como medida cautelar hasta que la AN no resuelva el trámite.
El bufete madrileño considera que la consulta del gobierno español, que ha servido al ministerio de Economía para decidir elevar la opa al consejo de ministros, vulnera el principio de igualdad y no discriminación. También destacan que el formulario de la consulta no tenía ninguna garantía en lo que respecta a la autenticidad de la identidad del usuario. El recurso se presentó horas antes de que el titular de Economía, Carlos Cuerpo, decidiera elevar la opa y abrir la puerta a que el ejecutivo de Pedro Sánchez pueda exigir más condiciones por razones de interés general al BBVA, más allá de las estipuladas por Competencia. En caso de que el gobierno español decida poner unas condiciones mucho más duras en la opa (tiene hasta el 27 de junio para decidirlo), los planes del BBVA podrían darse la vuelta.
El ministro de Economía no sólo ha defendido la consulta pública, sino que ha celebrado la participación de diferentes actores implicados directa o indirectamente en la opa en el Banc Sabadell. A través del cuestionario del gobierno español, todos ellos pudieron exponer los motivos por los que creen que la operación tiene un impacto en el interés general. Esto, sumado a informes que elaborarán algunos ministerios, servirá al gobierno español para estudiar si es necesario dar un paso más y exigir más compromisos, siempre desde la óptica del interés general, es decir, que no estén vinculados a la competencia. Por ejemplo, Cuerpo ha apuntado a la cohesión territorial, el impacto en las plantillas o el arraigo de la entidad objeto de la opa en el territorio.
Este jueves, Cuerpo ha vuelto a defender que los pasos del ejecutivo siguen al pie de la letra la normativa española. "Somos muy respetuosos [con la ley]", ha dicho el ministro en declaraciones a los medios de comunicación desde Turquía. El titular de Economia también ha defendido que el marco normativo español está alineado con el europeo. "Total tranquilidad por parte del gobierno. Y es importante la garantía y el respeto por nuestra legislación doméstica, que es la que estamos siguiendo en esta operación", aseveró. Desde la Comisión Europea se ha advertido esta semana que vigilarán de cerca a los movimientos del gobierno español. Fuentes del ejecutivo comunitario apuntaban que Europa ve bien tener mayores bancos.