La opa del BBVA en el Sabadell (re)abre la caja de truenos del interés general

MadridLuis de Guindos, hoy vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), fue el primer ministro de Economía que con la ley de defensa de la competencia del año 2007 en mano decidió en el 2012 elevar una opa al Consejo de Ministros y alegó razones de interés general. Se trataba de la operación de compra de La Sexta por parte de Antena 3. Era el único ministro del rango que podía colgarse esa medalla, hasta la tarde del martes, cuando el actual ministro de Economía, Carlos Cuerpo, decidía hacer lo mismo en el caso de la opa hostil del BBVA en el Banc Sabadell.

Casi quince años después, pues, se vuelve a abrir la caja de truenos del interés general, el elemento clave que justifica la intervención del ejecutivo español en un proceso así y le permite modificar las condiciones fijadas por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) en torno a la operación. De hecho, en la orden ministerial en la que se autoriza elevar la opa y al que ha tenido acceso el ARA, se vincula la decisión a "razones de interés general distintas a las de la defensa de la competencia, relacionadas con el impacto potencial en la garantía de un mantenimiento adecuado de los objetivos de regulación sectorial; de protección de los trabajadores; de promoción de la investigación y del desarrollo tecnológico;".

En 2012, el gobierno de Mariano Rajoy optó por aguar los compromisos. Lo que acabe haciendo el ejecutivo de Pedro Sánchez es todavía una incógnita, aunque ves de dentro del gobierno español, en concreto el ministerio de Trabajo, ya han puesto negro sobre blanco que hay que endurecer las condiciones.

Las cinco condiciones del ministerio de Trabajo

Este miércoles por la mañana, Carlos Cuerpo pedía "tranquilidad" ante el proceso que se abre ahora –el ejecutivo español tiene treinta días naturales desde este martes para decidir si impone mayores compromisos. "Haremos un análisis muy detallado y granulo para tomar la mejor decisión con todas las garantías", ha expresado Cuerpo en declaraciones a los medios de comunicación. El ministro ha pedido "prudencia" dado que salpica a dos empresas cotizadas.

"Cada institución tiene unas competencias concretas. El BCE y el Banco de España valoraron la operación desde el ámbito de la estabilidad financiera [...] La CNMC ha entrado por el impacto de una excesiva concentración [bancaria] y por el impacto sobre los clientes, empresas y familias [...] La normativa señala que el Gobierno puede ir más allá de que el Gobierno puede ir más allá del gobierno. de atender sus obligaciones y velar por estas razones de interés general", defendió Cuerpo, que volvió a poner de ejemplo como motivos de interés general a tener en cuenta cuestiones tales como la inclusión financiera, la cohesión territorial o la protección del empleo.

En cambio, desde la cartera que pilota Yolanda Díaz (Sumar) han sido mucho más precisos. De hecho, el ministerio de Trabajo ya ha fijado cinco condiciones: mantener "íntegramente" los puestos de trabajo de ambas entidades, también la "totalidad" de las oficinas, no tocar las condiciones de acceso al crédito que tienen pymes y autónomos, ni empeorar las condiciones financieras (por ejemplo, aumentar las comisiones o prestar unos peores servicios) y, finalmente, se bancaria" y se abre la puerta a vetar la fusión (el siguiente paso importante si la opa prospera).

Fuentes consultadas por el ARA conocedoras del proceso indican que algunas de las condiciones planteadas por Treball chocarían con el pronunciamiento de Competencia. En este sentido, la Comisión Europea ha puesto ya la lupa sobre el ejecutivo español. "Esperamos que se ajuste a las decisiones de las autoridades competentes [sobre la opa]", advertían fuentes comunitarias este martes por la tarde, mientras recordaban que la operación ha recibido el visto bueno del Banco Central Europeo, pero también de las autoridades de competencia. "No tenemos conocimiento de razón alguna que pueda justificar el rechazo o bloqueo de la operación", insistían las mismas fuentes. Este miércoles Cuerpo sacaba hierro a la valoración de Bruselas y enfriaba un posible choque de trenes.

Desde hace tiempo, pero sobre todo en medio del impulso de la autonomía estratégica, la Comisión Europea abandera la necesidad de tener mayores bancos. Ahora bien, dentro de los gobiernos la idea no genera entusiasmo: el ejecutivo portugués, por ejemplo, acaba de pronunciarse en contra de la posibilidad de que CaixaBank compre Novo Banco.

Intereses cruzados en la banca

Mientras, en el sector financiero español se hacen evidentes los intereses cruzados. CaixaBank, precisamente, ha vuelto a hacer bandera de la consolidación: "Hay espacio [para mayor consolidación] en muchos países. En España el grado de consolidación es medio", ha indicado el consejero delegado del banco, Gonzalo Gortázar, durante unas jornadas organizadas por Cinco Días en Madrid.

Por su parte, el Banco Sabadell insiste en su andadura en solitario. todo los tratados europeos "reconocen velar por el interés general" en el sector bancario. De hecho, González-Bueno ha puesto en duda el hecho de que la Comisión haya estudiado a fondo la operación: "No sé si se ha estudiado lo suficiente para llegar a esa conclusión", ha dicho sobre la valoración del CC. operadores económicos tras la opinión de Bruselas", ha afirmado el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

¿Presión política?

Con todo, el gobierno español se apoyará en las respuestas de la consulta pública sobre la opa, pero también en los informes que elaborarán hasta cinco ministerios distintos, entre ellos Trabajo, para estudiar si impone condiciones adicionales a las de la CNMC, o da por bueno su dictamen final. Sobre las presiones que puede recibir el ejecutivo español a la hora de condicionar la operación, en particular por parte de ERC y Junts, socios de investidura, Cuerpo negó que los junteros hayan condicionado el apoyo al gobierno español a cambio de que éste "intervenga" en la operación. Mientras, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido la decisión del ministerio de Economía. "Es coherente", ha dicho.