La Fiscalía europea revisa unos fondos Next Generation que ha recibido el BSC

MadridLa Fiscalía europea está revisando los fondos comunitarios Next Generation que el Barcelona Supercomputing Center (BSC) ha recibido para financiar al MareNostrum-Ona, el primer ordenador cuántico del Estado. La puesta en marcha de esta herramienta se enmarca en una iniciativa del ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública del gobierno español.

Según ha avanzado El Confidencial y han confirmado fuentes del BSC al ARA, el organismo comunitario (EPPO, en sus siglas en inglés) tiene una investigación abierta sobre el trámite de los fondos Next Generation de la Unión Europea que han financiado el proyecto. Concretamente, fuentes del BSC confirman que se ha recibido la notificación de un expediente de licitación en relación al ordenador cuántico e insisten también en que el centro de investigación barcelonés ha seguido todos los procedimientos que marca la ley de contrato del sector.

La apertura de diligencias se realizó a partir de una denuncia sobre presuntas irregularidades y, ahora, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional están recopilando información sobre los 8,1 millones de euros de estos fondos Next Generation, que habrían ido a. De hecho, desde el centro también confirman que, en el marco de este procedimiento, la Policía Nacional se personó el miércoles en la sede del BSC para requerir cierta documentación y que los responsables entregaron todo lo que se les pidió. Fuentes de la Audiencia Nacional confirman al ARA que la magistrada de la Audiencia María Tardón fue designada juez de garantías en este caso.

La presentación del ordenador cuántico se hizo en febrero de este año y corrió a cargo del ministro Óscar López y del presidente del BSC, Mateo Valero. López destacó que podrá utilizarse en los ámbitos de la salud, la ciberseguridad, la logística, la comunicación y las finanzas.

El gobierno español pide información

Desde el gobierno español, fuentes de los ministerios para la Transformación Digital y de la Función Pública y de Ciencia, Innovación y Universidades explican que el presidente del consejo rector del BSC y secretario de estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, solicitó este viernes por la mañana, por carta, al director del BSC "información relativa al contrato". Una vez que se tenga esta documentación, dicen, se convocará un consejo rector extraordinario.

Las mismas fuentes defienden que el proyecto Quantum Spain –dentro del cual se incluye el MareNostrum-Ona– está dotado con 22 millones de euros del Plan de Recuperación del gobierno español. Insisten en que este "ordenador cuántico ya es una realidad en el Barcelona Supercomputing Center", al que se encargó el desarrollo, y defienden que, para desarrollarlo, la secretaría de estado de Digitalización e Inteligencia Artificial "verificó previamente que se cumplían las condiciones exigidas por la normativa para la autorización de la subcontratación en la ejecución de los trabajos".

Fuentes del Barcelona Supercomputing Center defienden que el BSC "cumple la ley de contratos del sector público y se somete permanentemente al control de los órganos fiscalizadores competentes". También detallan que, "siguiendo los procedimientos habituales en estos casos", el centro de investigaciones barcelonés ha facilitado "la información requerida", y "actúa con total transparencia y de forma activa con los órganos competentes".

Por otra parte, desde la Comisión Europea se limitan a insistir en que "no comentan investigaciones en curso". Sin embargo, insisten en que "la Comisión tiene tolerancia cero con el fraude en cuanto al presupuesto de la UE" y advierten que "esperan el mismo nivel de compromiso de los estados miembros y de los beneficiarios de los fondos". En este sentido, recuerdan que "la primera línea de defensa para evitar el fraude y proteger la integridad del RRF [el instrumento que gestiona los fondos Next Generation en la UE] son ​​los sistemas nacionales de control de los estados miembros".

Por último, también detallan que son los Estados miembros los responsables de "recopilar datos sobre los destinatarios finales de los fondos, los contratistas, los subcontratistas y los beneficiarios efectivos y ponerlos a disposición cuando se les solicite", de la misma manera que son las autoridades judiciales y antifraude nacionales pertinentes las que "deben" indebida de fondo".