Las entidades se preparan para un revés del Constitucional al catalán en la escuela
La mayoría progresista se inclina por tumbar el decreto ley que prohibía fijar porcentajes de castellano
Barcelona / MadridEn la pasada legislatura, aún con el gobierno de Pere Aragonès, se aprobaron dos medidas para frenar el 25% de castellano que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) imponía a todo el sistema educativo: un decreto ley que rechazaba la aplicación de los porcentajes en la educación aprobado por parte de la mayoría independentista en el Parlamento; y una ley, que también avaló al PSC, en la que se situaba el catalán como lengua vehicular en la enseñanza, pero no se hablaba explícitamente de vetar porcentajes, sino que decía que el uso de lenguas oficiales debía adaptarse a la realidad sociolingüística de cada centro educativo. Ambas normas, aprobadas en el 2022, sirvieron para frenar in extremis la aplicación del 25% en todo el conjunto del sistema educativo –en centros concretos ya se aplica–, pero son analizadas por parte del Tribunal Constitucional y, según diversas fuentes jurídicas consultadas por el ARA, el veredicto del alto tribunal podría ser un nuevo revés para el catalán. decreto ley. Se aprobó muy pocos días antes que la ley, que regulaba la misma cuestión, por lo que el órgano de garantías interpretará que no se da la "extraordinaria necesidad" de optar por un decreto ley.
Eso tendría implicaciones graves, según interpretan las entidades prollengua. modo", dicen, señalando la reciente decisión de anular las instrucciones del curso 2022-2023 porque no incluían al castellano como lengua vehicular en la escuela. Fuentes del TC, en cambio, tienen una opinión distinta: creen que si acaba avalando la ley –pese a que no se avale el decreto–, ya será suficiente para evitar la imposición del 25%. "Tendrá que aceptar una ley que no establece porcentajes", anotan.
A la espera de las resoluciones, las entidades ya se preparan para responder a un eventual revés. "[Si se tumba el decreto] Nos quedaríamos sin protección jurídica en cuanto a la normativa que prohibía explícitamente porcentajes", lamentan fuentes de estas entidades al ARA, ya que recuerdan que la ley aprobada con el voto del PSC es "ambigua". En declaraciones al ARA, Òmnium explica que hace meses que se ha reunido tanto con otras entidades de la lengua como con el mundo educativo para intentar articular una respuesta ante el posible revés del TC. "Es necesaria una respuesta de país", dicen. A su vez, Plataforma per la Llengua (PxLL), también avisa de que hace tiempo que se preparan para el "peor escenario", teniendo en cuenta la experiencia con el Constitucional. De hecho, recuerdan que fue el TC quien fijó en la sentencia contra el Estatut en 2010 que el catalán no podía ser la única lengua vehicular en la enseñanza no universitaria. En concreto, la resolución decía: "Ambas lenguas deben ser no sólo objeto de enseñanza, sino también medio de comunicación en el conjunto del proceso educativo, es constitucionalmente obligado a que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos como vehiculares".
De hecho, la ley que aprobaron el PSC, ERC, Junts y Comuns establecía por primera vez el castellano como lengua "curricular", y se adaptaba a esta jurisprudencia. La única diferencia con lo que pedía el TSJC (aplicar el 25% de castellano a todo el sistema educativo) era que correspondía a la Generalitat ya las escuelas a través de los proyectos educativos decidir cuál es la proporción de la enseñanza que se hace con cada lengua. Así lo dijeron los servicios jurídicos del Parlament ante el TC cuando en 2022 tuvieron que presentar sus alegaciones para defender la constitucionalidad de la norma, a raíz de los recursos que presentaron PP y Ciutadans y también la cuestión de inconstitucionalidad del propio TSJC.
El Pacto Nacional por la Lengua, atascado
Las entidades están en contacto entre ellas, también a través de la plataforma Som Escola, que las reúne a todas, para preparar una respuesta a un eventual revés, pero al mismo tiempo ya han reclamado que el Govern también se prepare. Se ha reunido tanto Òmnium como Plataforma por la Lengua. Oficialmente, desde el departamento de Política Lingüística, que lidera Francesc Xavier Vila, prefieren no adelantarse a ningún evento: "No hacemos posicionamientos públicos de una sentencia que no se ha producido, estamos trabajando para afrontar cualquier escenario cuando llegue", dicen las fuentes oficiales consultadas por el ARA.
Las entidades confían en que al menos el ejecutivo busque una respuesta jurídica para intentar "driblar" la imposición de un porcentaje en todo el sistema, pese a que fuentes conocedoras admiten que el gobierno de Isla no quiere entrar en colisión directa con el Constitucional y descarta la desobediencia. Hay que tener en cuenta, en relación con el decreto ley que está en riesgo, que el PSC se opuso al convalidarse en el Parlament, por lo que la respuesta jurídica al TC tomaría probablemente otra forma.
En este sentido, desde hace meses los partidos negocian con el Gobierno el Pacto Nacional por la Lengua, que debería haber terminado en el 2023, pero precisamente está a la espera por la sentencia pendiente del TC. Ni Junts ni la CUP ven con buenos ojos llegar a un pacto con el ejecutivo ahora mismo: "Queremos garantías", dicen fuentes de Junts, ya que aseguran que el Govern no les aclara si se enfrentará a un revés del Constitucional. La CUP, explícitamente, les pide que si el TC tumba el decreto, el ejecutivo de Illa lo vuelva a aprobar y lo incorpore a la ley del catalán en la escuela, donde quieren que se elimine el adjetivo "curricular" al castellano –ya se opusieron en ese momento por este motivo–. "No firmaremos el pacto porque no habla sobre cómo hacer frente a las imposiciones judiciales del Estado", resumen fuentes cuperas.
El calendario
No hay fecha prevista para la sentencia del Tribunal Constitucional, pese a que lleva meses hablando de una resolución "inminente". Al menos desde diciembre que tanto Òmnium como PxLL miran quincenalmente el orden del día del TC para saber si se produce la discusión sobre el catalán. Por lo que pueda ser, en todo caso, aseguran que la respuesta pasará por movilizaciones en la calle, vías jurídicas internacionales e implicar a otros actores, fuera del entorno habitual, en la defensa del modelo de escuela.
