El fracaso de la amnistía: el 40% de independentistas aún no la tienen un año después

MadridLa semana del primer aniversario de la amnistía, que se cumple este viernes 30 de mayo, comenzaba con la presentación del libro de Manuel Marchena La justicia AMENAZADA (Espada). ¿Casualidad? Sea como fuere, el presidente del juicio del Proceso se abstiene de mencionar la ley más polémica de la legislatura entre sus páginas, si bien no es ningún descubrimiento afirmar que Marchena y la derecha judicial que encabeza ven a la amnistía de Pedro Sánchez pactada con Carles Puigdemont una de las principales amenazas a la actuación de los tribunales. Así se entiende la oposición férrea que desde el Tribunal Supremo se mantiene contra su aplicación, con la causa del 1-O pendiente del Tribunal Constitucional y de lo que después decidan los enemigos de la amnistía: principalmente, Marchena y el juez instructor del procedimiento, Pablo Llarena, pero también la Audiencia Nacional -donde está el Tribunal de Cuentas.

Según el balance elaborado por Òmnium Cultural, el 40% de las peticiones de amnistía en procedimientos penales o contables se han denegado o están pendientes de resolución. No es una radiografía completa por la dificultad de obtener absolutamente toda la información, pero la entidad asegura que es una aproximación lo más precisa posible. De las 1.610 personas susceptibles de ser amnistiadas, existen 726 en el ámbito penal y contable, y, de éstas, 394 que han solicitado la amnistía. Un total de 178 personas lo han logrado (un 45%) y 158 aún no (un 40%).

Concretamente, a 35 les ha sido denegada –es el caso de Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de encausados ​​por malversación en el Supremo–, 48 están a la espera de que se resuelvan cuestiones de inconstitucionalidad en el TC o prejudiciales en el TJUE –por ejemplo, los CDR acusados ​​de prevaricación en el TSJC y los encausados ​​en el Tribunal de Cuentas– y de 75 no hay constancia de la respuesta judicial.

Òmnium denuncia el "boicot judicial" a la amnistía y, en una atención a los medios este viernes por la mañana, el presidente de la entidad, Xavier Antich ha exigido que se acaben las "excusas y argucias" políticas y legales que intentan frenar lo "inevitable". En la misma línea, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha acusado al poder judicial de "rebelión" y de "hacer política" con la ley de amnistía. En una declaración que ha leído desde la sede del partido, el dirigente republicano ha lamentado que los jueces hayan logrado "retrasar" la aplicación de la ley de amnistía y les ha reclamado que la hagan efectiva. "Es la demostración como hay una parte del poder judicial que sigue saltándose el poder legislativo", ha lamentado. Junqueras también ha defendido, sin embargo, la vía del indulto: "Todos los caminos contribuyen a restaurar la justicia que ha sido violentada".

En cuanto al ámbito administrativo –básicamente multas–, el departamento de Interior trasladó al Parlament de Catalunya que se habían impuesto 884 sanciones. Òmnium sólo ha podido identificar que a 21 personas se les ha devuelto la sanción en aplicación de la amnistía, 19 peticiones han sido rechazadas y dos están pendientes de respuesta. De la inmensa mayoría, pues, no se tiene información sobre el estado del procedimiento y la entidad sospecha que sobre todo es porque mucha gente no sabe que puede pedir que se le devuelva la multa amparándose en la ley de amnistía. Por eso, piden que la administración lo haga de oficio o que las personas afectadas se pongan en contacto con Òmnium si quieren asesoramiento en este sentido.

Aparte del colectivo independentista, la amnistía ya ha beneficiado a 170 agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y sólo cuatro no lo han recibido. Es decir, para los policías la amnistía ha sido casi plenamente efectiva, a pesar de oponerse a ella políticamente.

¿Un éxito?

"La amnistía ya es un éxito. La normalización política y social en Catalunya es ya un hecho". Estas palabras son del ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, en una comparecencia de hace unos meses en el Senado. La frase pone negra sobre blanco que el PSOE e independentistas han promulgado una amnistía por motivos distintos: el gobierno español necesitaba los votos de Junts en la investidura y su motivación de fondo es la "pacificación" en Catalunya. "Queríamos la independencia y nos distrajeron para conseguir una amnistía negociada, que ha beneficiado sobre todo al Estado, y previo error de la desactivación de la calle", lamenta Alerta Solidaria, la organización antirrepresiva de la izquierda independentista, que también ha hecho un recuento de casos.

Por su parte, Junts también escenificó una crisis a principios de año con el PSOE y, entre otras cosas, criticaba esta lectura del gobierno español de entender que ya no hay un conflicto político entre Catalunya y el Estado. Más allá de eso, lo cierto es que la amnistía no ha dado los frutos que debía dar, especialmente para los dirigentes políticos. Puigdemont espera el cierre de su causa judicial, pero también lo que se ha dado en llamar "amnistía política", es decir, que se le reconozca como un interlocutor válido. Sánchez prometió hace año y medio que se reuniría con el expresidente catalán y esta fotografía aún no ha llegado –tampoco por parte del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Europa en el horizonte

La cruzada de la derecha judicial hace la que la resolución de la amnistía esté en manos de Europa. Algunos ya han presentado cuestiones prejudiciales y otros puede que lo acaben haciendo, tal y como ha insinuado el Supremo en el caso del 1-O, con el objetivo de dilatar al máximo la aplicación de la misma que fuentes del alto tribunal reiteraban la amnistía –el presidente, Cándido Conde-Pumpido, convocará un pleno específico la semana de San Juan para responder al recurso del PP– no le desviará del camino. El Supremo mantiene que la misma ley descarta casos de malversación como el del 1-O, así que el escenario para Puigdemont si quisiera volver a Catalunya una vez que se pronuncie el TC sería el mismo que ahora: la detención.