El concejal que lleva al Estado a los tribunales porque sólo cobra 40 euros al mes

BarcelonaMiquel Dalmau es uno de los concejales en el gobierno que menos cobran en Catalunya. El Ayuntamiento de Cava (Alt Urgell) le ha otorgado en este último semestre 240 euros, que representan 40 euros al mes. Sólo cobra dietas en concepto de kilometraje por desplazamientos. "Salgo perdiendo dinero porque Cava es un pueblo con tres núcleos diseminados y el Ayuntamiento está en Ansovell, que está a 9 km de mi casa, con un desnivel de 600 metros", dice resignado. El concejal de ERC ha optado por acogerse al régimen de asistencias y renunciar a la dedicación parcial que tenía desde que entró en el gobierno, en agosto del 2023. Todo ello para no perder la pensión.

Y es que hace justamente un año, en enero, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le retiró la pensión de incapacidad permanente total, que era de 943 euros, para pasar a cobrar una remuneración de 290 euros al mes como concejal, y le reclamaron que devolviera lo cobrado desde agosto hasta noviembre, cuando dimitió. En total, más de 4.000 euros por los intereses y recargos. Una dimisión que no hizo efectiva porque Dalmau quiere luchar hasta el final al considerar que su situación no puede compararse con la de los concejales de ciudades medianas o grandes.

La ley, sin embargo, estipula que no es posible cobrar una pensión si se ocupa un cargo público con ingresos. Sea como fuere, en febrero del año pasado demandó a la Seguridad Social y este mes de enero se hizo el juicio, en el que se defendió él mismo tras sacarse, hace siete años, la carrera de derecho. Por el camino, mil penurias. El pasado año, su única fuente de ingresos eran los 290 euros que le pagaba el Ayuntamiento hasta que en noviembre decidió renunciar a la dedicación parcial para poder volver a cobrar la pensión. Lo hizo después de tener que someterse a una cuarta intervención en el corazón fruto de un ataque de angustia y después de que la juez rechazara todos los recursos que presentó para que se levantaran las medidas cautelares al cobrar por debajo de la renta mínima. "Me quitaron la bonificación de los medicamentos que tomo por diferentes patologías y me costaban unos 80 euros mensuales; por tanto, me quedaban 200 por vivir –expone Dalmau–. Afortunadamente, con 69 años, mi mujer y yo ya tenemos la casa pagada".

¿Pero qué argumenta en su demanda? Reclama la nulidad de todas las resoluciones para que le retiren el embargo y le paguen todos los meses que no ha recibido la pensión, que es su único ingreso por vivir. Sostiene que la ley, cuando habla de personal al servicio de las corporaciones municipales, sólo menciona a funcionarios, personal laboral y cargos eventuales: "No habla de concejales, y ser concejal no es una actividad laboral porque yo soy corporación local". En este sentido, Dalmau considera que la ley de incompatibilidades no puede aplicarse a los concejales que no están en un régimen de dedicación completa o cobran 14.000 euros al año: "Los concejales de municipios pequeños dedicamos una parte de nuestro tiempo a gestionar las necesidades de nuestros vecinos".

Legal, pero no ético

Josep Ramon Morera, ex secretario de Administración y Función Pública, concluye que la legislación no ampara al concejal. "Moralmente, ambas cantidades son irrisorias, pero, con la ley en la mano, la dedicación parcial es incompatible con una pensión, sea por invalidez o por edad". Admite que ni el estatuto del empleado público ni la ley de régimen local considera a los concejales como empleados, tal y como alega Dalmau, pero deja claro que "si haces un trabajo a tiempo parcial y con el alta en la Seguridad Social realizas tareas como trabajador".

En este sentido, Morera señala que sólo hay una solución: aumentar las dietas, las indemnizaciones que se pagan por ejercer un cargo público. "Esto no computa como una retribución, no cotizará a la Seguridad Social y sólo tendrá que declararlo a Hacienda", expone. En cualquier caso, el ex secretario no esconde sus recelos con la legislación: "Más allá de las incompatibilidades, lo censurable es la penalización de ciudadanos que se entregan al servicio público, y que con la suma de todos los ingresos que perciben , incluidos aquellos que se les quieren sustraer, apenas llegan al salario mínimo interprofesional (SMI)". En espera de la sentencia, Dalmau denuncia que no sólo se está vulnerando su derecho a la participación política, sino también a tener una vida digna.