Cataluña, una de las cinco comunidades que quieren acogerse al nuevo plan de vivienda de Sánchez
El presidente español mantiene la oferta de triplicar los recursos del plan en las autonomías que acepten aportar el 40% y blindar el parque público protegido
BarcelonaCataluña es una de las cinco comunidades autónomas que quieren acogerse al plan estatal de vivienda para el período 2026-2030 que Pedro Sánchez ha llevado a la Conferencia de Presidentes. El gobierno español pretendía salir de esta cita con un gran acuerdo entre las comunidades autónomas para triplicar hasta los 7.000 millones los recursos que se destinan, pero la guerra abierta entre el PSOE y el PP ha hecho imposible cualquier acuerdo. Ahora bien, el ejecutivo mantiene la oferta para aquellas comunidades que se han mostrado dispuestas a aceptar las dos condiciones que pone el Estado: que aporten el 40% de los fondos (2.700 millones) y blindar de por vida el parque de vivienda pública para que ningún edificio construido con dinero público pase a manos privadas al cabo de unos años.
Aparte de Catalunya, las comunidades que han levantado la mano para acogerse a la medida han sido Navarra y Asturias –gobernadas por los socialistas–, Canarias –gobernada por Coalición Canaria y el PP– y Euskadi –donde gobierna el PNV con los socialistas–. No se ha sumado Castilla-La Mancha, comandada por el socialista crítico Emiliano García-Page, quien ha cuestionado el volumen de recursos que debería aportar su comunidad al plan. En rueda de prensa, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pidió a las autonomías díscolas recapacitar y recordó que el Estado quiere "acompañarlas" en una competencia que es suya exclusivamente, según reconoció el Tribunal Constitucional.
De hecho, la apuesta de condicionar el acceso a los fondos estatales a reformas para blindar la vivienda pública es la forma que tiene el gobierno español de incidir en la acción autonómica en este ámbito, en el que no puede legislar libremente sin invadir competencias. "Hemos puesto condiciones muy difíciles de rechazar", ha dicho la ministra. También se ha quejado de que, en lugar de sumar esfuerzos en esa dirección, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, haya propuesto liberalizar suelo para construir más, como en su día hizo el expresidente José María Aznar. El gobierno español trabajará con las cinco comunidades favorables a la propuesta para cerrar un acuerdo antes del verano. En paralelo, el ejecutivo quiere impulsar una base de datos en la que haya información clara y transparente sobre precios de venta y alquiler en las ciudades, para que no quede en manos de los portales privados.
Ante la rebeldía de las comunidades del PP en aplicar la ley de vivienda, Rodríguez también ha aprovechado para reivindicar las herramientas que la norma da a los territorios para rebajar los precios y luchar contra "la selva" del mercado. Y, en este sentido, ha puesto como ejemplo los datos en Catalunya, el primero en aplicar la ley de vivienda en el Estado: en un año, el precio medio de alquiler de vivienda ha caído en un 4,7% interanual. Y en la ciudad de Barcelona, un 8,9%. Son datos por los que también ha sacado pecho el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la Conferencia de Presidentes. Fuentes del Govern confirman que todos los fondos que pueda aportar el Estado se añadirán a los que ya prevé dedicar la Generalitat a políticas de vivienda, 1.450 millones después del pacto con Comuns para los suplementos de crédito.
Otras propuestas
La vivienda es la carpeta estrella que el gobierno español ha querido llevar a la Conferencia de Presidentes, pero no es la única. Durante el encuentro, Sánchez también ha defendido poner "orden y control" en la oferta de centros privados de FP para garantizar los estándares de calidad. La propuesta del presidente era, en coordinación con las comunidades autónomas, crear un modelo integral de autorización y supervisión de estos centros. Por su parte, también en materia educativa, ha anunciado un programa de 175 millones de euros (de fondos europeos) para garantizar el acceso a la educación infantil gratuita dirigido a familias con rentas bajas. Y todavía ha hecho otro anuncio: a partir de septiembre, y tras la experiencia de la DANA y el volcán de la Palma, las escuelas impartirán un curso especial de formación frente a emergencias de protección civil.
