El último (quizá) gran burgués industrial de Cataluña

Barcelona¿Existe realmente una burguesía catalana?, ¿o ya se ha extinguido? hace unas generaciones a ser directivos de empresas y muchas veces representantes locales de multinacionales. Esto ha pasado a hacer una burguesía que en términos comparados con otras partes del Estado ha sido más débil", decía Carreras.

el reciente traspaso de José Felipe Bertrán de Caralt hace pensar que es prácticamente el final de esta burguesía catalana, que durante las primeras décadas del siglo XX controlaba gran parte de la industria del Principado e intentaba mantener una influencia política. calles Bertran y Musitu, es decir, dos vías con los apellidos de su abuelo –Josep Bertran y Musitu (1875-1957)–, una persona que encarnaba totalmente los valores de esta burguesía: abogado, militó en la Unión Regionalista y después fue uno de los fundadores de la Liga Regionalista –y el partido de la Liga Regionalista –y el partido de la Liga Regionalista –el partido de la Liga Regionalista Justicia.

Pero con la Guerra Civil, Bertran y Musitu pasó al bando franquista y algunos historiadores apuntan a que montó un servicio de espionaje en Catalunya Y mientras tanto su gran casa en el Putxet acabaría siendo el refugio del gobierno español Juan Negrín, negocios, que después continuaría su hijo, Felipe Bertrán Güell (1901-1965), y su nieto, José Felipe Bertrán de Caralt (1926-2025) Flagell de la Burguesía

Bertrán de Caralt representaba totalmente lo que queda de esta burguesía catalana que después de la guerra dejó la política a un lado para centrarse en los negocios y también en la cultura y el arte. Este empresario saltó a la luz pública en la década de los 90 del pasado siglo, cuando fue condenado por un fraude fiscal pero al mismo tiempo fue víctima de la red de corrupción del juez Lluís Pascual Estevill, el denominado azote de la burguesía, que durante los primeros años 90 hizo desfilar por el juzgado de instrucción número 26 de Barcelona importantes prohombres, algún político, y que incluso buscó las cosquillas (judiciales) al entonces alcalde de Barcelona, ​​Pasqual Maragall.

Estevill, tras una dura niñez en su Cabacés natal, donde hizo incluso de pastor de cabras, llegó al máximo en la judicatura pero acabó condenado por extorsionar a los empresarios que investigaba, entre ellos el propio Bertrán de Caralt.

Bertrán de Caralt fue uno de los impulsores de la refundación de la patronal catalana Foment del Treball en 1976, en los primeros meses de la transición española y, después, de la patronal española CEOE, junto con Carles Ferrer Salat. También fue vicepresidente de la cementera Asland (ahora del grupo Holcim-Lafarge) y vicepresidente de Aigües de Barcelona, ​​convirtiéndose en uno de los principales empresarios avícolas españoles con la empresa Material Agropecuario. A la prensa de los años noventa se le presentaba como una de las principales fortunas del Estado.

De trato agradable y de gran cultura, fue, por ejemplo, patrón de la Fundación de Amigos del Museo del Prado, entre otros muchos cargos ligados al mundo cultural y social. Bertrán de Caralt también protagonizó algunas anécdotas durante el choque con la justicia. Por ejemplo, el día que el juez Estevill, que le investigaba por fraude fiscal, le citó a declarar en el antiguo juzgado de guardia de Barcelona, ​​en el Palacio de Justicia del paseo Lluís Companys, el empresario, siempre vestido y encorbatado, iba casi de deporte. Y además mostraba a un grupo de periodistas lo que llevaba en el bolso: una muda, el neceser y un cepillo de dientes.

El empresario tenía claro que su destino sería la cárcel, como así fue. Años después, el juez que le había investigado y encarcelado, y que ya era en ese momento vocal del Consejo General del Poder Judicial (a propuesta de CiU), también sería condenado por extorsionar a los empresarios que investigaba. De hecho, Bertrán de Caralt sabía cuál sería su destino después de declarar porque se había negado a doblegarse a las exigencias de Estevell.

Sin embargo, también acabaría condenado a la causa por el fraude fiscal. El Supremo le impuso una pena de cuatro años de prisión menor y 491 millones de pesetas de multa (casi 3 millones de euros al cambio). El gobierno español, con la popular Margarita Mariscal de Gante (PP) como ministra de Justicia, le concedió el indulto en verano de 1997. Durante la instrucción de la causa, Bertrán de Caralt protagonizó otra anécdota: la comisión judicial se presentó en su mansión del Putxet, donde vivía, donde vivía, y tanto la casa como todo su contenido estaban a nombre de una sociedad, a la que pagaba una renta de 8.000 pesetas (48,08 euros) al mes.