El gobierno español se da 30 días para decidir si añade condiciones a la opa en el Sabadell

MADRIDLa opa hostil del BBVA en el Banc Sabadell da el salto definitivo a la mesa del gobierno español. Este martes, y agotando el plazo de tiempo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha decidido elevar la operación al consejo de ministros, tal y como ha informado el ministerio a través de una nota de prensa. La decisión, que ha sido trasladada previamente a las partes implicadas (BBVA y Banc Sabadell), se ha comunicado una vez el mercado ha cerrado, por lo que la cotización de ambos bancos no se ha visto, por hoy, alterada. Esta decisión da un margen de treinta días naturales, es decir, hasta el próximo 27 de junio, al gobierno español para que pueda añadir condiciones vinculadas al interés general en la operación planteada por el BBVA.

"Hemos hecho un análisis interno en el que hemos visto que debemos profundizar el estudio sobre el potencial impacto de la operación en elementos tan importantes y vitales para la economía como puede ser la protección del empleo, la inclusión financiera o la cohesión territorial", ha explicado Cuerpo en declaraciones a los medios de comunicación este martes por la tarde. Los cinco ministerios que han pedido dar este paso son Industria, Trabajo, Derechos Sociales, Seguridad Social y Transición Ecológica. De hecho, elaborarán ahora unos informes en profundidad sobre el impacto de la operación. El ministro, sin embargo, también ha dejado claro que la decisión de este martes "no prejuzga" lo que acabe haciendo el gobierno español. "Se trata de tener en cuenta si hay razones de interés general distintas de las razones de competencia que justifiquen si es necesario añadir condiciones adicionales [a la opa del BBVA en el Sabadell]", ha añadido Cuerpo.

El sector ya preveía que éste sería el paso del gobierno español teniendo en cuenta las declaraciones del propio ministro en torno a la operación. Cuerpo siempre se mostró "preocupado" por el impacto que puede tener sobre la inclusión financiera o el acceso a la financiación la desaparición del cuarto banco en el Estado. Desde el Sabadell, al que la decisión le supone más tiempo para defender su proyecto en solitario, recuerdan que "muchas organizaciones han mostrado un genuino interés en las consecuencias de la operación". Por el contrario, fuentes del BBVA defienden que la operación "es buena" por el interés general de Catalunya, España y Europea e insisten en que han asumido unos "compromisos sin precedentes".

Elevar la opa al consejo de ministros supone, pues, abrir la puerta a que el ejecutivo de Pedro Sánchez pueda intervenir por primera vez en la opa a través de la exigencia de mayores compromisos en el BBVA. Sin embargo, estos compromisos no pueden estar vinculados a cuestiones relacionadas con la competencia, lo que recae en la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), sino a razones de interés general, tal y como establece la ley de Defensa de la Competencia del año 2007.

¿Qué condiciones puede exigir el gobierno español?

La normativa recoge que el ejecutivo de Pedro Sánchez puede imponer condiciones por razones de interés general y se enumeran las siguientes: la defensa y seguridad nacional, la protección a la seguridad o salud públicas, la libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional, la protección al medio ambiente, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la misma.

De hecho, aunque la consulta pública sobre la opa que ha llevado a cabo el ministro de Economía antes de tomar la decisión de este martes no es vinculante, sus conclusiones pueden servir al ejecutivo de Pedro Sánchez a la hora de decidir si impone o no compromisos adicionales, sobre todo a la hora de justificarlo en caso de que lo acabe haciendo. Fuentes consultadas por el ARA han indicado que el gobierno podría añadir compromisos vinculados a motivos territoriales o sociales, como el arraigo del Sabadell en Catalunya o la posible pérdida de puestos de trabajo, sobre todo calificados; pero también vinculados al impacto económico de la operación. El BBVA, por ejemplo, ya ha abierto la puerta a mantener la marca Banco Sabadell en territorios como Catalunya.

El papel de la Comisión Europea

Sin embargo, la posibilidad de añadir condiciones ya la está observando la Comisión Europea. Fuentes del ejecutivo comunitario recuerdan que la opa del BBVA en el Sabadell ha recibido el visto bueno del Banco Central Europeo, pero también de las autoridades de competencia, como la CNMC. "No tenemos conocimiento de ninguna razón que pueda justificar el rechazo o bloqueo a la operación. Esperamos que el gobierno español se ajuste a las decisiones de las autoridades competentes", indican las mismas fuentes. De hecho, el Ejecutivo comunitario ha pedido información adicional al gobierno, abriendo así un proceso de diálogo informal sobre la operación. Las mismas fuentes explican que la Comisión está "examinando" la compatibilidad de las acciones del ejecutivo español con el Derecho comunitario: "[Bruselas] no dudará en ejercicio las competencias [comunitarias] como garante de los Tratados". Desde hace tiempo, pero sobre todo en un momento en el que se quiere impulsar la autonomía estratégica, la Comisión Europea abandera la necesidad de tener mayores bancos.

Una vez se sepa qué hace el gobierno español, es decir, dentro de treinta días (en caso de que agote el plazo de tiempo), el BBVA puede continuar con la opa (salvo que el ejecutivo de Pedro Sánchez apruebe unos compromisos inasumibles para la entidad vasca y ésta dé marcha atrás). Será entonces el turno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El regulador bursátil español deberá aprobar el folleto de la operación y después se abrirá el período de aceptación: la votación clave en la que los accionistas del Banc Sabadell decidirán si venden o no sus títulos.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

Una vez que Competencia abrió la fase 2 de análisis de la opa, se abría el escenario de llegar a la fase 3, que es la que empieza a partir de ahora. Después de casi un año estudiando la operación, la CNMC autorizó a la opa por unanimidad, pero bajo condiciones de comportamiento y vinculadas a la competencia. Entre estas condiciones destaca el blindaje temporal de la financiación a las pymes, que son el negocio estrella del banco vallesano.

La decisión final de Competencia, sin embargo, no gustó a todo el mundo. Aparte del Sabadell, que ha criticado abiertamente el proceso que ha seguido la CNMC, las patronales catalanas, desde Foment del Treball, hasta Pimec, y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, también han cargado contra las conclusiones del organismo público. La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, no dudó en defender el papel del ente.

En todo caso, ante el aval de la CNMC en la opa y la posibilidad de que se abriera esta fase 3, todos estos actores contrarios a la operación no han dudado en situar la presión sobre el ejecutivo español, al que le han exigido que detenga la opa del BBVA (hay que recordar, pero, la operación). También se han añadido las voces políticas: ni ERC ni Junts, socios de investidura del gobierno español, quieren la opa. Tampoco la Generalitat. Ahora, con la decisión de enviar la opa al consejo de ministros, el gobierno español tiene un mes para decidir si se desvía del dictamen final de Competencia y endurece los compromisos por razones de interés general.