El problema de la vivienda –social, asequible o de mercado– está en lo más alto del listado de problemas críticos a resolver. Es un problema difícil porque construir (en este término siempre incluyo la rehabilitación) toma tiempo y, sobre todo, porque no acabamos de acertarla en las políticas de estímulo, y la oferta de nueva vivienda no está respondiendo a una demanda que ha aumentado mucho, primariamente por el crecimiento de la población, pero también por el de visitantes. Sin embargo, el problema es, en su esencia, de solución simple. Sólo existe un esquema viable para atacar con efectividad el problema: normas urbanísticas que ensanchen el suelo y el vuelo disponibles, y que la creación de valor que esto representa haga económicamente sostenible, a la vez, la promoción privada de nueva vivienda y la contribución pública a la disponibilidad de vivienda social y asequible. Dos buenos libros recientes sobre el tema son los de Javier Burón (El problema de la vivienda) y Joan Clos (La vivienda social y asequible).
No es la primera vez en nuestra historia que unos aumentos rápidos de población han generado tensiones de vivienda de magnitud descomunal. Están bien presentes en la literatura. Entre mis lecturas recientes encuentro Irene Polo diciéndonos el año 1933: "A Sallent... dos mil personas apiladas, entabladas por los rincones, hostigadas por el hambre, la intemperie, la promiscuidad [...]" (La fascinación del periodismo, p. 128). O Francesc Candel diciéndonos en el año 1964: "Las barracas han surgido en todas partes [...] en las hondonadas, en las alturas, en los páramos, en las ramblas secas, bajo los puentes, en los solares escondidos [...]" (Los otros catalanes, p. 229).
En todos los episodios acabaron existiendo normas urbanísticas que permitieron la movilización de la promoción y construcción inmobiliaria por parte del sector privado. Y también será el caso ahora. Esto lo entienden bien nuestras autoridades públicas. Pero lo que no conseguimos calibrar bien (¡los detalles importan!) es cómo debemos repartir el nuevo valor inmobiliario entre, por un lado, la autoridad que lo ha hecho posible, y que lo utilizará para objetivos sociales probablemente vinculados a la propia vivienda, y por otra el inversor privado, que contribuye con la construcción de la nueva vivienda. Hay tanta incertidumbre en todo ello que no resulta sorprendente que una autoridad pública honesta y de natural prudente pueda de entrada imponer un criterio que el sector privado promotor no encuentre viable. Y que el resultado sea una migrada oferta de vivienda nueva. Si esto es así, conviene un proceso de negociación que lleve a un mejor resultado.
En Barcelona tenemos un buen ejemplo del callejón sin salida que acabo de describir: el famoso requisito de reservar el 30% de las viviendas de nueva construcción en alquiler social. En la forma específica en la que se formuló no ha funcionado. Añado que hay demasiados actores en el sector privado para pensar que la dificultad responda a una conspiración oligopolística de los privados. Para superar el punto muerto en el que nos encontramos, el gobierno actual del municipio, del PSC, ha propuesto una modificación que va en la buena dirección y es relativamente simple. ¿Cómo se ve desde el sector privado? Diría que se ve suficiente para activar al sector, pero justita. En el Ayuntamiento, para la aprobación de la propuesta sólo hay una mayoría realmente posible: PSC-Junts (los Comuns no quieren la modificación y PSC y ERC no suman). En estos momentos la negociación entre los dos partidos sobre la propuesta está varada. Juntos, recogiendo los sentimientos del sector privado, insiste en un mejor trato para éste. ¿Llevará la discrepancia hasta el punto de abortarla? Lo dudo. Ayudaría a que el PSC hiciera alguna concesión adicional. Pero el hecho es que el compromiso primario del PSC es generar oferta de vivienda, y el de Junts es doble: este primero, pero también ser expresión de los intereses del empresariado. Y esto le pone en una posición negociadora débil, ya que el sector privado no será partidario de abortar la flexibilización del 30%. Está deseoso de construir. El PSC lo sabe y, además, la visualización –justa o injusta– que se ha creado es que si la negociación fracasa será responsabilidad de Junts, lo que no puede interesar en modo alguno a este partido.
Ojalá la negociación culmine bien. Si es así, todo el mundo ganará: la sociedad, que tendrá más viviendas; el sector privado, que invertirá; el PSC, que aprobará su propuesta, y Junts, que reforzará su relevancia para el sector privado. Si, en cambio, en un tema tan central no lo logramos, también habrá un ganador: el populismo.
