El Ayuntamiento de Figueres da de baja a 804 personas del padrón en un año

HiguerasLa fiscalización del padrón se ha convertido en uno de los principales brazos armados de los ayuntamientos que pregonan un discurso más duro y radical contra la inmigración. Ripoll es un ejemplo paradigmático, con el gobierno de extrema derecha de Silvia Orriols, que ha promovido medidas muy estrictas para restringir el acceso al empadronamiento a personas recién llegadas, acusándolas de querer acceder de forma fraudulenta a los servicios básicos. Pero no es el único caso a la orden del día. En 2024, este Ayuntamiento dio de baja hasta 804 personas. desempadronamiento se realizó mediante una intensa campaña de control de los "agentes verificadores" del consistorio, realizando visitas puerta a puerta para comprobar el domicilio de todas las personas que, según el gobierno municipal, presentaban indicios de fraude. Esta operación masiva de bajas en el padrón, aunque ha sido presentada por el consistorio como una iniciativa muy positiva para regular el domicilio y el acceso a los servicios de todos los habitantes de la ciudad, ha generado muchas críticas entre el tercer sector.

La Red de Entidades por el Padrón, que integran unas ochenta ONG de comarcas gerundenses y sus alrededores, junto con otras asociaciones como Amnistía Internacional o la federación de AFAs de Catalunya, ha publicado un manifiesto conjunto contra el Ayuntamiento de Figueres. En el manifiesto denuncian el sesgo racista que supone vincular padrón con delincuencia y defienden que el empadronamiento es un derecho fundamental de cualquier ciudadano para acceder a servicios básicos como la sanidad o la escuela. También critican que, más allá de los casos que han dado de baja, el gobierno de Masquef también pone trabas y dificultades añadidas a las personas migrantes que quieren empadronarse por primera vez.

Es el caso de JFV, un hombre de origen colombiano que lleva tres años viviendo en Figueres. Ha enviado hasta cinco instancias y peticiones, pero no ha obtenido respuesta. Desesperado ante el silencio administrativo y angustiado por la situación, ahora recibe el asesoramiento de la asociación figuerense Ànima Mater y se prepara para llevar al Ayuntamiento a los juzgados. La semana pasada presentó un último recurso en el servicio de estadística del consistorio y, si la respuesta no es favorable, presentará una demanda al contencioso contra la administración local por vulnerar su derecho al padrón.

"Llevo tres años aquí, trabajo en una empresa de logística y vivo en el barrio Marca del Ham porque no me puedo pagar un piso mejor, pero trabajo con todas las de la ley, tengo un buen comportamiento y no entiendo por qué no me contestan", explica desconcertado. Y añade: "No pueden decir que queremos el padrón para aprovecharnos del sistema porque no queremos hacer daño a nadie, y es el Ayuntamiento que me condena a vivir en la ilegalidad, puesto que, aunque cumplo todos los requisitos, el Govern no puede darme un permiso de residencia porque primero necesito un empadronamiento". JFV concluye: "Es una situación muy triste, el Ayuntamiento tiene la obligación de acogernos, pero para ellos somos inmigrantes ilegales y nos dejan solos".

Masquef: "No hay barra libre"

Ante estas acusaciones, el alcalde Jordi Masquef, sin embargo, responde que "cumple estrictamente con la legalidad". Sobre los casos que se han dado de baja, el consistorio explica que se ha realizado a través de un procedimiento extremadamente "garantista", comprobando hasta tres veces si es cierto que la persona vive en el domicilio acreditado y dando pie a recurso. "Hay casos sospechosos, por ejemplo con mucha gente empadronada en un mismo domicilio, sin célula de habitabilidad o con un padrón volátil, y ahí nos saltan las alarmas", explica el alcalde.

Masquef afirma: "Todo el que quiera vivir en Figueres debe tener claro que no hay barra libre con el padrón y con las ayudas sociales, somos una capital que debe cumplir con los servicios sociales de toda la comarca, ya hemos cumplido con creces la cuota de solidaridad y también debemos poder ayudar a la gente de nuestra casa y ha cotizado durante muchos años". Según el Ayuntamiento, por ejemplo, con este control se han detectado casos de parejas que simulaban separaciones o empadronamiento con personas con discapacidad para solicitar ayudas.

Sobre el hecho de dificultar el alta de padrón de casos nuevos, el alcalde añade: "Vamos con mucho cuidado con el colectivo de los ocupas porque la comisión de un delito no puede ir aparejada con la concesión de una serie de derechos". Este argumentario, por ejemplo, lo ha repetido reiteradas veces Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, ​​con quien Masquef sí reconoce cierta proximidad al respecto. En cambio, con Orriols, que recientemente hizo un tuit anunciando que alcaldes de otras poblaciones le habían llamado para saber cómo lo hacía para controlar el padrón, el alcalde figuerense niega ningún contacto y se remite a la hemeroteca para ponerse la medalla de ser pionero en el tema.

Las ONG denuncian un criterio sesgado

Las explicaciones de Masquef no convencen a las ONG, que mantienen un tono duro contra el discurso y las políticas del gobierno figuerense. "Nos preocupa cómo el Ayuntamiento intenta asociar padrón y fraude, como si todos estos 800 casos fueran problemáticos y fraudulentos. La mayoría son casos ordinarios, por ejemplo, de personas que vuelven a su país, no se dan de baja y no tienen voluntad de engañar a nadie", defiende Joan Roura, portavoz de las entidades gerundenses.

A su juicio, se está enfocando mal el problema porque hablan de fraude de las personas racializadas, pero "no persiguen a las familias blancas que tienen una trabajadora doméstica no dada de alta del padrón o que envían a sus hijos a estudiar a Barcelona". Por último, Roura señala que el método del consistorio, en vez de combatir el fraude, la incentiva: "Como no empadronan a personas que viven en caravanas, en la calle, en habitaciones realquiladas o sin domicilio fijo, éstas piden el favor a amigos o mafias y provocan el fraude", concluye.