Nuevo ridículo de Musk enarbolando la libertad de expresión

La red social X llevará a los tribunales el estado de Nueva York por una ley que quiere obligar a estas plataformas a revelar qué acciones llevan a cabo para evitar que prolifere el lenguaje del odio y los llamamientos a la violencia. Según creen los denunciantes, la ley es anticonstitucional porque limita la libertad de expresión, protegida por la Primera Enmienda. Es muy revelador que Elon Musk se gire contra el simple hecho de explicar qué mecanismos tiene para intentar que una aplicación sensible como la suya no se convierta (aún más) en una fosa séptica que amenaza la salubridad de la conversación social. La respuesta, claro, la intuimos: se hace lo mínimo. Por no decir la nada.

La barra del hombre más rico del mundo es sideral, si se tiene en cuenta que hace unos meses intentó silenciar un observatorio de lenguaje del odio que acusaba a X de ser permisivo con el antisemitismo. El autoproclamado absolutista de la libertad de expresión hacía uso y abuso de su fortuna para tratar de silenciar una voz que cuestionaba su muy particular forma de controlar qué mensajes merecen difusión en la red que gobierna como un monarca. El juez, por cierto, le echó el caso por el suelo y le tocó el corteza porque entendía que esa querella buscaba "castigar a los denunciados por su libertad de expresión". El origen de la no responsabilidad de las redes en los contenidos que cuelgan de terceros deriva de la llamada Sección 230, que a su vez se basa en la doctrina del buen samaritano: se asume que las empresas no pueden revisar el alud de contenidos preventivamente, pero sí deben dotarse de mecanismos de acción frente a los contenidos. Pero Musk ni siquiera está dispuesto a aceptar esto. Sabe que su modelo de negocio, falsamente democrático, se basa en la ley de la selva. Quien grita más, quien tiene más dinero, quien gralla más fuerte.