Trump recibe el aval del Tribunal Supremo para expulsar a 530.000 personas con permisos temporales de residencia

BarcelonaEl Tribunal Supremo de Estados Unidos ha autorizado este viernes a la administración de Donald Trump a suspender un programa de permisos temporales impulsado durante la era Biden que permitía a 532.000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos. Es la segunda vez este mes que el máximo tribunal apoya a los intentos de Trump de revocar protecciones legales temporales a inmigrantes. Previamente, el Tribunal Supremo ya había abierto la puerta a poner fin a otro programa que concedía permisos de trabajo a cientos de miles de venezolanos.

Trump firmó una orden ejecutiva su primer día en la Casa Blanca con el objetivo de poner fin unilateralmente al programa. La ley federal permitía a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, conceder o revocar estos permisos. La cuestión jurídica es si el departamento podía revocar el estatus de todos los beneficiarios de una sola vez o si debe realizar una revisión caso por caso.

En 2023, la administración Biden anunció un programa para conceder estos permisos a migrantes calificados de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que se sometieran a una revisión oficial en vez de intentar entrar en el país de forma irregular. Los solicitantes debían tener un patrocinador en Estados Unidos y superar un proceso de control de seguridad. Pese a las discrepancias entre ambas partes, parece que la administración Biden sí llevó a cabo algún tipo de revisión individual antes de conceder los permisos.

Demanda de los migrantes

Trump argumentó ante el Supremo que la decisión de acabar con el programa era una de las más importantes en materia de política migratoria. Las órdenes de tribunales inferiores que bloqueaban temporalmente la medida, dijo, perturbaban "políticas migratorias críticas diseñadas para disuadir a la entrada ilegal, debilitaban prerrogativas esenciales del ejecutivo y revertían políticas aprobadas democráticamente que tuvieron un peso importante en las elecciones de noviembre".

Después de que un grupo de migrantes beneficiados por el programa presentara una demanda, la juez federal Indira Talwani bloqueó temporalmente el intento de la administración de poner fin al programa de forma generalizada. La magistrada concluyó que el gobierno podía seguir revocando permisos individuales, pero sólo después de una revisión caso por caso. Talwani fue nombrada por el presidente Barack Obama en el 2013.

Un tribunal de apelación federal de Boston rechazó anular la orden provisional de Talwani el 5 de mayo. Otro tribunal compuesto por tres jueces —dos nombrados por Joe Biden y uno por Barack Obama— se mostró escéptico ante la posibilidad de que Kristi Noem tuviera autoridad para acabar con el programa de forma categórica.

La orden del Tribunal Supremo autorizando la suspensión del programa no estaba firmada. Las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson votaron en contra. Aunque la decisión de urgencia del tribunal no es definitiva -el caso legal de fondo continuará en los tribunales inferiores-, el orden permite a la administración acelerar las deportaciones de los migrantes que hasta ahora se habían beneficiado del programa.

Desde la década de 1950, la legislación migratoria federal permitía que la administración "autorizara la entrada por razones humanitarias" de determinados migrantes que llegaran a la frontera. Por ejemplo, durante la administración de Eisenhower, se autorizó la entrada de decenas de miles de personas que huían de la represión soviética en Hungría después de la Segunda Guerra Mundial. Los migrantes que obtenían ese permiso podían vivir y trabajar legalmente en el país, normalmente durante dos años, aunque su estatus era temporal.