Colapso en el SEPE en el mejor momento para el empleo: "Es un desastre"

Barcelona"Si esto hubiera ocurrido durante la pandemia, habríamos dejado la mitad del país sin cobrar". Esta reflexión la hace Josetxo Gándara, responsable de acción sindical de CCOO en el ministerio de Trabajo y uno de los empleados que se encuentran al límite por la situación desbordada de los servicios de empleo del Estado. Los sindicatos denuncian que el SEPE, el organismo que se encarga -entre otras tareas- de gestionar las prestaciones por desempleo, se encuentra en un colapso resultado de la falta de personal estructural y los problemas que está generando el nuevo sistema informático implementado a finales del año pasado.

El software –que se llama ALMA y se subcontrató a la consultora Deloitte– sufre caídas constantes y procesos que antes se resolvían en 15 o 20 minutos ahora pueden alargarse incluso más de una hora para que el sistema se congela, según explican las fuentes consultadas por el ARA. También critican que su mal funcionamiento provoca errores graves en el cálculo y reconocimiento de las prestaciones y que se han encontrado con cantidades incorrectas abonadas a los usuarios o cobros indebidos que no se notifican a tiempo. "Nos amarga la existencia. Sentimos mucha indefensión porque con el nuevo programa muchas veces ni sabemos si ha entendido la información que hemos introducido sobre las cargas familiares o el tiempo cotizado", critica François Calvo, trabajadora del SEPE y delegada de UGT.

Las organizaciones sindicales insisten en que estos problemas se traducen en un peor servicio para la ciudadanía, que debe esperar mucho más tiempo incluso para consultas sencillas. Más de medio año después de su implementación, alertan de que se siguen repitiendo problemas básicos detectados y reportados desde hace meses. "Es un maldito desastre. Es el peor momento de la historia del SEPE en el momento más dulce para el mercado de trabajo", lamenta Gándara, sobre la contradicción de que esta problemática dentro del organismo coincide con los últimos récords de afiliación a la Seguridad Social y el menor paro de los últimos diecisiete años. A esto se añaden, indica el sindicalista, los obstáculos para conseguir cita presencial, sobre todo en grandes ciudades como Barcelona o Madrid.

Desde el ministerio de Trabajo recuerdan al ARA que se trata "de un gran cambio tecnológico, después de décadas utilizando programas que ya cuentan con unos procesos instalados". El departamento que capitanea a la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, asegura que "se está trabajando en las incidencias propias de un sistema nuevo de gestión en un cambio complejo de prestaciones". En cuanto a los pagos que debe abonar el SEPE, dicen que no corren "ningún riesgo" y que la media en el tiempo de espera para el reconocimiento de las prestaciones es de "solo" 2,5 días.

Más allá de los problemas informáticos, que los trabajadores reclaman que se resuelvan con urgencia, la queja de fondo es la falta de personal para afrontar la carga de trabajo actual. "Yo entré en 1986 y ahora es cuando menos efectivos tenemos", avisa Calvo, de UGT. Tanto este sindicato como CCOO calculan que ahora el SEPE cuenta con unos 7.000 empleados y que, como mínimo, habría que contratar a otros 5.000 para asumir el volumen de trabajo actual. Les preocupa que este agravio empeore con la ola de jubilaciones de los baby boomers que está a punto de atrapar a la administración y reclaman que se equipare su plantilla a la de otros organismos públicos como el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Por otro lado, también denuncian que existen muchos auxiliares administrativos –que se ocupan de tareas de apoyo– asumiendo funciones de técnicos, una categoría profesional con salarios más elevados.

Más tensión en las oficinas

Éste es el caso de EM (que pide el anonimato), empleada en una oficina del SEPE en Barcelona. Entró a trabajar como interina durante la pandemia y hace dos años que logró una plaza de funcionaria tras aprobar las oposiciones. "El 80% somos auxiliares administrativos haciendo de técnicos", confirma. En su centro de trabajo deberían ser 10 trabajadores, pero en estos momentos son 6 porque hay personas de baja y otros compañeros que se están planteando pedirla por motivos vinculados a los riesgos psicosociales. Calcula que cada día debe atender a una veintena de usuarios, pero los apagones del software complican su día a día. "Intentas dar un subsidio y el programa se queda pensando, intentas mirar si una resolución está aprobada y vuelve a fallar...", dice EM A su juicio, el ambiente de las oficinas es cada vez más tenso –incluso con situaciones violentas por parte de usuarios frustrados– y no descarta que la plantilla se movilice si no cambia nada.

Las quejas de los trabajadores se suman a las de los usuarios que recurrentemente exponen las consecuencias económicas sufridas por culpa de errores administrativos del SEPE. Cristina tenía 59 años cuando perdió a su padre, que cuidaba, y se quedó sin trabajo ni vivienda donde vivir. En ese momento cobraba el subsidio de paro para mayores de 55 años, pero la cantidad era insuficiente para mantenerse y solicitó una pensión de orfandad. Con la mala fortuna de que su expediente se perdió y pasaron meses hasta que no pudo empezar a cobrarla de forma retroactiva. Sin embargo, cuando esto se resolvió se dio cuenta de que el SEPE le reclamaba los subsidios cobrados (3.759 euros) mientras esperaba la nueva paga y que le habían embargado la cuenta. "¿Cómo puedo devolver ese dinero? Si no estuviera en una situación de vulnerabilidad podría. Me siento acosada por el Estado", lamenta. El caso está judicializado ya la espera de saber si le condonan la cantidad reclamada.

Bárbara, madre soltera, también descubrió demasiado tarde que tenía una deuda de más de 5.000 euros con un recargo de 600 euros por un pago indebido durante un expediente de regulación temporal de empleo (ERTO). "No me lo comunicaron, fue su culpa", dice. Denuncia que, pese a que accedió a devolver las cantidades, no le ofrecieron una opción justa ni sin intereses y considera que estas fallas de comunicación en el sistema acaban perjudicando a los más vulnerables.