La Sindicatura de Cuentas detecta más de 167 millones pagados indebidamente por prestaciones de Derechos Sociales

BarcelonaEl departamento de Derechos Sociales pagó 167,56 millones de euros indebidamente a través de prestaciones económicas durante el período 2016-2024. Así lo constata un informe de la Sindicatura de Cuentas hecho público este miércoles en el que se apunta que estos pagos indebidos "no responden sólo a errores administrativos", sino a problemas "estructurales de transparencia y gobernanza". Parte de estos pagos, no reclamados y prescritos por la inacción de la administración a la hora de realizar un seguimiento y control, han producido un "menoscabo efectivo a la hacienda" pública y, por tanto, podrían dar lugar "a hechos perseguibles administrativa y judicialmente". En este caso, que afecta sobre todo a la renta garantizada de ciudadanía ya las prestaciones de dependencia, la vía judicial podría abrirse contra los responsables que autorizaron indebidamente estos pagos. Por su parte, Derechos Sociales mantiene que 156 de los 167 millones ya han sido reclamados a los beneficiarios de estas ayudas.

Jóvenes extutelados

Uno de los puntos clave en los que pone énfasis la Sindicatura es en las ayudas a los jóvenes extutelados por parte de la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Según los datos recogidos por el ente fiscalizador, entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022 se pagaron 4,7 millones de forma indebida a estos jóvenes, lo que representa el 11,8% de los pagos ordenados durante este periodo en este tipo de prestaciones.

Es el caso que denunció el ARA a principios de año: el departamento paga una prestación económica a los jóvenes que, por otra parte, ya están trabajando. Como nadie hace una supervisión del joven o la entidad que se encarga de realizar un seguimiento del extutelado lo comunica a la DGAIA, el joven percibe un doble pago: uno como renta de trabajo porque ha entrado en el mercado laboral y otro de la prestación que le otorga la Generalitat. De los 4,7 millones que ha detectado la Sindicatura, 804.384 euros tienen una antigüedad superior a los 4 años y 2,7 ​​millones afectaban sólo al año 2022 . "Se observa que la situación de incompatibilidad es sostenida en el tiempo, con una tendencia creciente en el período 2019-2022, sin que se produzcan medidas correctoras", dice el texto.

El informe lo ha hecho la síndica Maria Àngels Cabasés, quien ha apuntado que el departamento de Derechos Sociales e Inclusión no ha llevado a cabo "actuaciones de supervisión sobre la actividad que realizan, o sobre el destino y la utilización de los fondos públicos autonómicos, y también europeos, que han recibido" a las entidades con ánimo de lucro que colaboran. Uno de los ejemplos que cita el informe es el de la unión temporal de empresas (UTE) que formaron la Fundación Mercè Fontanilles y la Fundación Resilis, que se encargan desde julio del 2022 de realizar el seguimiento de los jóvenes extutelados. Durante la fiscalización del trabajo de esta UTE, se detectó una "situación sostenida de incompatibilidades que afectan al derecho de los beneficiarios a percibir estas prestaciones" y un "riesgo de conflicto de interés".

Desde el Parlamento, la titular de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha admitido que las conclusiones del informe no han sido ninguna sorpresa y, prueba de ello -ha replicado- es que su equipo ya ha empezado a modernizar el sistema y los circuitos de estas prestaciones con la incorporación de la inteligencia artificial tanto. De hecho, ha asegurado que el grosor de la cantidad indebida que ha detectado la Sindicatura hace referencia a la renta garantizada, que ya se va detectar hace unos meses y se decidió amnistiar a las familias afectadas.

En cuanto a la prestación de extutelados, la consellera ha rechazado que haya habido malversación de la UTE Resilis y de la Fundación Mercè Fontanilles, que se encargaban hasta ahora de gestionar las ayudas en un servicio que, a partir de ahora, volverá a ofrecerse desde la nueva dirección general de Prevención y

Fuera de Cataluña

Uno de los puntos que detalla la Sindicatura es que una gran cantidad de beneficiarios de la renta garantizada que otorga Derechos Sociales tenían contratos a jornada completa, algo incompatible si se superan los 60 días de forma continuada. Entre marzo de 2020 y diciembre de 2022 cobraron esta prestación más de 75.000 personas en Catalunya y, de estas, 10.285 también trabajaban a jornada completa el mismo mes y casi en dos mil casos esta simultaneidad se dio durante más de 4 meses consecutivos. Así, sólo durante el año 2022, 548 beneficiarios de la renta garantizada encontraron trabajo fuera de Cataluña, lo que comportaría –si no se reside en el Principado– la extinción de la prestación.

En el informe también se pone de manifiesto que la cuantía destinada a las prestaciones económicas es insuficiente y que el volumen de recursos necesarios se estima cerca del doble del asignado para dar respuesta a la pobreza extrema que existe en Cataluña. Además, se señala que la administración tarda mucho tiempo en otorgar una prestación económica, lo que supone para la persona afectada: siete meses para las pensiones por invalidez o casi once meses para las prestaciones a jóvenes extutelados. Eso sí, una vez que existe resolución se hace el pago de los meses transcurridos desde la petición. La lentitud en la respuesta de la administración es una de las carencias que admite la conselleria, pero Martínez ha subrayado que la digitalización ya ha hecho que, por ejemplo, la tramitación de las prestaciones no contributivas hayan pasado de 400 días a 18.

Plazas fantasmas

Hace unos meses, este diario explicó ya la denuncia de tres trabajadoras del sector. Una entidad de la provincia de Girona que tenía pisos medio vacíos destinados a jóvenes vinculados a programas de inserción laboral (PIL) cobraba como si las viviendas estuvieran totalmente llenas y de este modo percibía todo el dinero que aporta la administración catalana para estos chicos y chicas. Es lo que entre los propios trabajadores del sector se conoce como "plazas fantasma". Esto se hacía, según los distintos testigos, "falsificando firmas de jóvenes" para confirmar que "seguían al servicio", es decir, que todavía vivían en el piso y que la entidad trabajaba estrechamente con ellos, aunque no era cierto.

Estas denuncias, que sigue investigando la Oficina Antifraude, junto conel escándalo por la explotación sexual durante meses de una menor bajo protección administrativa, llevaron a la Generalitat a reformular la DGAIA y crear un nuevo organismo, centrado más en la prevención para evitar al máximo las retiradas de tutelas de los menores. ayudas económicas, que hasta ahora gestionaban a través de un contrato entidades del tercer sector y que son las que aparecen en el informe de la Sindicatura de Cuentas, pasarán a manos de la administración.

¿Qué pasará con los pagos indebidos? la renta garantizada es una buena respuesta o no.