'No' a acudir a Europa: la mayoría del TC supera el primer debate sobre la ley de amnistía

MadridEl Tribunal Constitucional ha puesto en marcha una semana clave con el debate sobre si la amnistía encaja o no en la Constitución. Este lunes, después de tres horas de deliberación, una mayoría del órgano decidió oponerse a acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con una cuestión prejudicial, que es una de las cosas que planteaba el sector conservador, según explican fuentes del alto tribunal. De esta forma, la mayoría progresista del TC, aunque no ha habido votación, ha superado el primer bloque de debate sobre la norma después de que hayan intervenido todos los miembros del alto tribunal. La decisión de no acudir a Europa es relevante, porque de no haber retrasado todo el debate.

Este martes, pues, tal y como estaba previsto seguirá la discusión a partir de las diez de mañana ya partir del jueves o el viernes se espera que haya una sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad que el PP presentó en contra de la ley de olvido judicial. En cualquier caso, la discusión en el TC no ha tenido el protagonismo que se esperaba hace unas semanas: la mayoría de focos mediáticos estaban puestos en la declaración del exministro José Luis Ábalos y Koldo García en el Tribunal Supremo, que salpican al PSOE y estrechan el círculo judicial contra el presidente español, Pedro Sánchez.

Quién es quien

Sobre la mesa los magistrados tienen la ponencia –el borrador de la sentencia– que elaboró ​​la vicepresidenta del tribunal, la progresista Inmaculada Montalbán, quien avala la medida de gracia pero no se pronuncia sobre la malversación, clave para el futuro del expresidente Carles Puigdemont, ya que esto no formaba parte del recurso que presentaron los populares. El escrito de Montalbán da luz verde al grueso de la ley y desmonta la gran mayoría de argumentos que el PP esgrimía en su contra en su recurso. "El legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente", plantea la ponencia, que solo estima tres motivos menores de inconstitucionalidad.

En el debate participan hasta diez magistrados, ya que dos de ellos han sido apartados de la deliberación de la amnistía: uno es el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, que lo pidió a petición propia porque cuando era miembro del gobierno español se pronunció en contra de la amnistía durante el proceso de indultos; y el otro, José María Macías, quien cuando formaba parte del CGPJ promovió un duro texto contra la ley de amnistía, conjuntamente con el sector afín a los conservadores. Desde Vox, este lunes aseguraron que los "magistrados decentes" del TC "no deberían participar" en el pleno de la amnistía para "no dar sensación de normalidad". Un consejo que no han seguido ni los conservadores: todos los miembros del Constitucional han estado discutiendo durante más de tres horas.

Los magistrados progresistas

En el bando progresista se encuentra el propio presidente del TC, Cándido Conde Pumpido, que llegó al alto tribunal en el 2017. Fiscal general del Estado en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, mantiene una rivalidad eterna con quien presidió la sala penal del Tribunal Supremo durante el juicio del Proceso, Manuel Marchena. Ahora puede ser el encargado de dejar en papel mojado esa resolución si, como parece, el pleno avala a la amnistía. Sin embargo, en su momento, Conde Pumpido se mostró muy crítico con el independentismo, tanto es así que se apartó —después de ser recusado— de las deliberaciones del Constitucional sobre la sentencia del 1-O, ya que había manifestado públicamente que se trataba de acciones "delictivas" y que había que utilizar el instrumento de "más cuento" referéndum. Ahora, la derecha ha presentado a Conde Pumpido como una correa de transmisión de la Moncloa.

En el grupo de los progresistas también hay otro nombre importante, que es el de Inmaculada Montalbán, la ponente del borrador de sentencia que se somete a debate. Considerada cercana a la ministra Margarita Robles de su época en el CGPJ y especializada en temas de violencia machista, puede convertirse en la próxima presidenta el próximo año cuando acabe el mandato de Conde-Pumpido. Ya ha tenido un rol polémico anteriormente: cuando desmontó la sentencia de los ERE del Supremo que afectaba al PSOE andaluz.

En la misma línea progresista también está Ramón Sáez Valcárcel, quien, considerado incluso a la izquierda del PSOE, redactó la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió a la cúpula de los Mossos; así como María Luisa Balaguer, que fue una de las magistradas que rompió la unanimidad en el TC en relación con el juicio del 1-O. Además, en la sensibilidad progresista que debe avalar la amnistía, se cuenta Laura Díez, una catalana proveniente de Consejo de Garantías Estatutarias que fue nombrada a propuesta del gobierno español, y María Luisa Segoviano, que fue la primera mujer en presidir una sala del Supremo y cuyas declaraciones generaron polémica: dijo que el derecho a la autodeterminación debía estudiarse.

Los magistrados conservadores

Con José María Macías fuera de juego, sólo quedan cuatro magistrados conservadores: Concepción Espejel, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Ricardo Enríquez. Los tres primeros son los que en las últimas semanas han liderado la ofensiva para detener la deliberación de la amnistía, hasta el punto de que fueron quienes reclamaron al presidente del TC, Cándido Conde Pumpido, quien no dictara sentencia hasta que la justicia europea se pronunciara sobre la ley —allí ya hay una carpeta abierta a petición.

Espejel, en contraposición a Sáez Valcárcel, fue la magistrada que en la Audiencia Nacional se opuso a la absolución de la cúpula de los Mossos d'Esquadra liderada por Josep Lluís Trapero. A su vez, en el historial de Arnaldo se encuentra su proximidad con el ya traspasado ex fiscal general del Estado José Manuel Maza, que interpuso la querella por el Proceso, y también con Manuel Marchena. También fue polémico en su elección porque estuvo imputado por el caso Palma Arena –finalmente no fue a juicio– y también por compatibilizar, cuando era letrado en el Congreso, el asesoramiento privado con el gobierno del PP en Baleares. Por todo ello, los independentistas personados en el TC por la ley de amnistía intentaron apartarlo, algo que no se aceptó por parte del pleno. Tampoco se avaló la recusación de Espejel.

En cuanto a César Tolosa, fue una de las últimas incorporaciones conservadoras, a raíz del pacto PP-PSOE por la renovación del CGPJ, proveniente del Supremo, así como Enríquez, que también proviene del propio tribunal.

Todos se ven las caras esta semana para hacer un pronunciamiento clave para la legislatura española.